Estas discusiones van desde propuestas teóricas generales de la justicia que defiende los principios universales (John Rawls) hasta el énfasis en los mecanismos de asignación teniendo en cuenta las características de los beneficiarios y de los recursos escasos susceptibles de ser distribuidos (Elster).

Es en el seno de estas discusiones donde ha cobrado relevancia el concepto de “necesidades básicas” puesto que “designa un elemento primordial que debe ser atendido por cualquier política social” (Paulette Dieterlan). Wiggins define a las necesidades básicas diciendo “en todos los mundo posibles en donde existan las mismas leyes de la naturaleza, las mismas condiciones ambientales y una determinada constitución humana, los seres humanos sufrirán un daño si no tienen acceso a los bienes que las satisfagan”.

Más allá de las necesidades que cada quien considere incluidas dentro del concepto de necesidades básicas es indispensable aceptar la idea de que las necesidades básicas tienen una base objetiva y universal. Base objetiva es aquella que empírica y teóricamente es independiente de los deseos y preferencias subjetivas. Base universal significa que el daño provocado por la ausencia de un bien determinado es igual para todo el mundo.

Según Doyal “los seres humanos tienen metas universales que corresponden a la necesidades básicas y es necesario alcanzarlas para que no sufran un daño físico específico”. Para Doyal las necesidades básicas son “la salud y la autonomía personal”, de modo que para que las personas puedan actuar y sean responsables deben tener determinada capacidad física y mental consistente en la posesión de un “cuerpo que esté vivo”, gobernado por todos los procesos causales relevantes y deben tener, asimismo, la competencia mental para deliberar y elegir. La competencia y la capacidad de elección constituyen el nivel más básico de la autonomía personal.

Ahora bien, ¿cuál es la relación que guardan las necesidades básicas con los derechos? Existen distintas posiciones al respecto que, desde distintos puntos de vista, concluyen en la estrecha relación entre éstos.

Se plantea que las necesidades básicas deben incorporarse a un esquema de derechos llamados “de bienestar” dando lugar así a una teoría de la justicia. Otros responden que la teoría de la justicia no tiene manera de incorporar las demandas de los derechos de bienestar, que éstos pueden estar como “manifiestos” o contenidos en programas políticos y su cumplimiento es más bien una cuestión de beneficencia que de justicia. Vemos, además, que hay una relación asimétrica entre la existencia de necesidades básicas y la posibilidad de exigir el respeto a los derechos (es prácticamente imposible que “los pobres” tengan acceso a las instancias legales pertinentes).

Surge así, otro concepto cuyo uso se ha tornado más frecuente a partir de los procesos de democratización y las reformas tendientes a establecer la regulación por el mercado: el concepto de ciudadanía ligado con los derechos sociales y su acceso a ellos..

Este concepto sociológico de ciudadanía proviene de la formulación de T.H.Marshall quien sostuvo que la ciudadanía es un status de “plena pertenencia” de los individuos a una sociedad a partir de ser miembros a “pleno derecho” de una determinada comunidad por el hecho de disfrutar de derechos en el ámbito civil (derechos que abarcan las libertades individuales), político (derechos de participación) y social (derecho a un bienestar económico y de seguridad que permita vivir la vida de acuerdo con los estándares prevalecientes en una sociedad). La idea central es que hay un tipo de igualdad social asociada al concepto de pertenencia total. Pertenencia total como sinónimo de ser parte, de estar incluido, de “inclusión”.

Pero hoy vemos que la influencia de los modelos neolibrales ha desfigurado la imagen de Estado de bienestar (definido como una serie de disposiciones legales que reconoce el derecho igualitario de todos los ciudadanos a percibir prestaciones de la seguridad social obligatoria y contar con servicios estatales organizados para la atención de situaciones de necesidad y contingencia) quedando poco claras las garantías para la ciudadanía. Así la función de Estado como garante del acceso igualitario a los derechos y la noción de ciudadanía (de igualdad de derechos y plena pertenencia) se ubican también dentro del contexto de crisis, dándole a estos conceptos una mirada más relacionada con la economía (y ligada a la esfera del trabajo) observándose modalidades discursivas con una cierta tendencia a la naturalización de la exclusión (como contrario a la inclusión de la ciudadanía) lo que implica un deterioro significativo para la noción de ciudadanía y las funciones del Estado en torno a ella.

Aparece, así, otra relación : inclusión – ciudadanía – exclusión

O sea que ya la ciudadanía no implica la pertenencia plena, total (acceso total e igualitario a los derechos, inclusión) sino que surge una posibilidad de pertenencia parcial o de no pertenencia (acceso parcial o no acceso a los derechos, exclusión. Esto habla de la existencia de distintas categorías de ciudadanos definidas a partir de la economía, a partir de su posición en el mercado laboral-económico, con lo que tendrán derechos supeditados a esta posición y podrán ejercerlos de acuerdo con ella. Aparece, entonces, con claridad que deberemos diferenciar entre los derechos de las personas y la posibilidad que cada una de ellas tiene de ejercer estos derechos dentro del sistema social.

Tampoco el Estado aparece hoy como garante del acceso igualitario de los ciudadanos a sus derechos. El Estado se retira cada vez más de sus funciones básicas y tradicionales. ¿Cómo actúa entonces el Estado en esta crisis desde su rol de promotor y ejecutor de políticas sociales?

En los actuales escenarios se potencian 2 elementos:

1. un “discurso modernizante” que plantea la responsabilidad de la sociedad de la producción y satisfacción de bienes y servicios necesarios sobre la producción y reproducción de las condiciones materiales y simbólicas de la existencia.

2. Un retraimiento de la actividad estatal en la cuestión social reduciendo esta cuestión a los sectores de mayor segregación y exclusión denominados “grupos de extrema pobreza”. Se focaliza.

Esta confluencia plantea el espacio de las políticas sociales permitiendo la convivencia con prácticas netamente asistencialistas, clientelistas, que implican la negación de los derechos de los ciudadanos ya que se espera la lealtad de los que reciben los servicios hacia quienes se los brindan. De este modo estos receptores de los servicios se constituyen en sujetos inferiores.

Esta lógica asistencialista regida por criterios de focalización conlleva implícitos procesos de exclusión ya que mientras se selecciona la población destinataria se excluye de las políticas sociales a sectores que no cumplen con los criterios de elegibilidad definidos por los organismos estatales.

En este escenario resultante de la crisis neoliberal se propone la restricción de los servicios públicos limitándolos al sector denominado de “extrema pobreza”. El argumento para ello es que el Estado debe implementar una “política de austeridad” beneficiando, en consecuencia, sólo a algunos sectores.

Estas características de la intervención la emparentan con el asistencialismo por su estrecha vinculación con la noción de pobreza absoluta y por los mecanismos emergenciales que propone para atenderla. Esta delimitación se relaciona con las prácticas asistencialistas en tanto generan procesos estigmatizantes de la población en el sentido que para acceder a un servicio social se deberá acreditar que se es “pobre”. El destinatario es un sujeto improductivo, con una concepción vergonzante, débil, que no puede enfrentar vigorosamente el mercado. Se tiende, así a la naturalización de la desigualdad que estará dada por la baja o nula capacidad de negociación del individuo.

Entendemos que de esta lógica se desprende que “... los pobres deben ser asistidos” en su desarrollo y, así, por extensión, aparece una consideración diferente de la noción de ciudadanía. Hay ciudadanos que requieren ser “asistidos” lo que implica que también hay entonces una “ciudadanía asistida”.

En base a ello podemos decir que con estas intervenciones lo que se realiza es la instalación de un “modelo excluyente” que modifica los formatos de incorporación social vigentes hasta entonces. Esto se concreta a través de instituciones específicas destinadas a “asistir a los pobres”, de carácter residual y transitorias. En tal sentido la preocupación no es la promoción del bienestar sino la formulación de respuestas puntuales, fragmentadas, acotadas a las necesidades básicas de la “población pobre”. Este tipo de respuestas no se plantea la concreción de procesos de inclusión sino que se transforman en mecanismos reproductores de pobreza y generadores de exclusión.

Esta generación de un modelo excluyente, la no igualdad de los ciudadanos en la posibilidad de acceso a los derechos, el no reconocimiento de esos derechos, se encuentra estrechamente ligado al concepto de violencia social.

Si analizamos este último concepto podemos encontrar 2 dimensiones:

1. violencia social activa

2. violencia social pasiva o negativa

La primera se refiere a acciones realizadas con la intención de dañar al otro. La segunda se refiere a omisiones, a negligencia.

La violencia social negativa es, entonces, la ausencia de cumplimiento de deberes de obligación hacia los otros, lo que implica la negación de esos derechos.

Retomando, y relacionando, los conceptos anteriores de ciudadanía - posibilidad de acceso igualitario de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos - función del Estado actual-podemos decir que el Estado (a través de sus políticas y sus instituciones) es hoy uno de los principales ejecutores de violencia social negativa hacia los ciudadanos y con ello podría inferirse que se transforma así en generador de respuestas vinculadas a la violencia social activa por parte de éstos. Puede verse, entonces, al Estado como ejecutor y generador de violencia. El Estado no cumple con sus funciones, con sus deberes para con los ciudadanos (violencia social negativa) ante lo cual éstos reaccionan reclamando ese cumplimiento (lo que puede ser realizado a través de violencia social activa).

Este papel del Estado como generador de violencia social activa daría para un análisis mucho más extenso, análisis que considero es obligación de nosotros como ciudadanos, como profesionales y de los políticos y gobernantes, intentar realizar con el objeto de evitar su continuación. Pero por el momento yo voy a centrarme en el concepto del Estado como ejecutor de violencia social negativa.

Considero que este tipo de violencia es ejercida cotidianamente por el Estado a través de sus instituciones en 2 dimensiones que se entrecruzan continuamente:

1 - desde las instituciones hacia fuera (hacia quienes requieren, demandan, necesitan de ellas)

2 - desde las instituciones hacia adentro (hacia los empleados)

En el primer caso es ejercida a través del incumplimiento de sus funciones de inclusión, de omitir generar mecanismos que permitan la igualdad en el acceso a los derechos, y sobre ello hemos hablado en los párrafos anteriores.

En el segundo caso esta violencia es ejercida a partir de la no valoración, no capacitación, de la no consideración de reclamos y propuestas, de la sobreexigencia, de la sobrecarga de trabajo, etc., o sea también desde la omisión del respeto de los derechos de sus empleados a ejercer sus derechos. Y aquí nuevamente se presenta el concepto del Estado como generador de violencia, ya que esta violencia ejercida contra sus empleados propicia que se desencadene la presencia de situaciones de violencia institucional que luego pueden ser trasladadas a la atención de los usuarios afectando, obviamente, la calidad de los servicios que se deberían brindar.

Esta violencia del Estado se observa con mayor claridad en las instituciones cuya función se halla relacionada con la atención de situaciones sociales.

Dada la situación de crisis las demandas de la población hacia estos servicios se ha incrementado notablemente, pero no se han incrementado en igual medida los recursos (económicos, humanos, etc.) para atenderlas y en las instituciones donde se ha incorporado recurso humano no se ha evaluado la capacitación de éste para su ingreso por lo que puede hoy observarse un importante crecimiento en los planteles de las instituciones del Estado pero sin la capacitación ni la preparación imprescindibles para desempeñar la función que se les asigna, lo que genera , sumado a lo anterior, el deterioro en la calidad de los servicios de estas instituciones y el Estado deben garantizar.

Precarización laboral = deterioro de la calidad de servicios brindados = mayor gasto sin resultados favorables para los ciudadanos.

Aquí habría que dejar planteado que estas no son las unicas cuestiones que generan el deterioro de los servicios, tenemos que mencionar también las falencias de las políticas sociales actuales que no responden a un modelo de inclusión y de igualdad de oportunidades, la falta de capacitación y/o capacidad de los políticos y funcionarios para ejercer las funciones que asumen, la falta de interés de estos políticos y/o funcionarios para ejercer políticas de inclusión, la enorme distancia existente entre los dichos y los hechos, el desvío o mala administración de recursos que deberían ser destinados a las áreas sociales, etc.

Para clarificar un poco más estas ideas tomaremos como ejemplo las políticas de salud y los Servicios Sociales hospitalarios realizando un breve análisis sobre ellos.

En esta área la lógica imperante también es la del mercado. Los derechos sociales son emparentados con el acceso a determinados bienes y servicios. Las prestaciones se restringen a aspectos asistencialistas y focalizados de supervivencia que hacen que grandes sectores de la población queden sin cobertura y librados cada uno a su suerte. Los Servicios Sociales se evalúan de acuerdo a su rentabilidad. Es característica de estas políticas el criterio de autoresponsabilidad (culpabilización del otro) y de riesgo social. Se apela a la competencia, a la responsabilidad individual, a la libertad de elección de los trabajadores pero no desde el reconocimiento de un derecho sino como vía para evitar responsabilidades. El papel del Estado es de control y el mercado es la instancia fundamental de acceso y asignación de recursos. Los programas de atención primaria y promoción de la salud no existen o son ineficientes.

El nuevo orden económico atraviesa todos los hospitales públicos que no tienen todos las mismas posibilidades de dar respuestas y, ante la reducción del recursos presupuestario, la mayoría no dispone de los recursos económicos ni materiales ni de los profesionales necesarios, lo que sumado a la escasez de posibilidades de dar respuesta a la cada vez mayor demanda hace que el personal se vea desbordado, sobreexigido. Como consecuencia de ello se presentan, se viven, continuas situaciones de violencia interinstitucional y problemas de salud física y psíquica afectan con mayor frecuencia a los trabajadores.

Los Servicios Sociales de los hospitales no escapan a esta realidad. Es claro el recorte presupuestario, el congelamiento de vacantes y la no renovación de cargos (en el Servicio Social del Hospital Regional Río Grande hay 2 trajadores sociales desde el año 1992). Esto hace que cada trabajador social se vea recargado en su actividad (hay 2 profesionales para atender la demanda de una población estimada en 50.000 habitantes) al igual que el personal administrativo que es, generalmente, quien realiza el primer contacto con la demanda.

A la falta de profesionales hay que sumarle que cada vez más población requiere atención a los servicios públicos de salud por no poseer cobertura o por poseer cobertura parcial o nula por parte de una obra social. Esta población tiene como vía de entrada a la institución hospitalaria los Servicios Sociales.

La función que la institución otorga al profesional en este contexto es el de “detector de pobres” y de “recaudador”. En este marco el profesional se ve presionado por los sectores políticos y directivos para que “afine el lápiz” (expresión utilizada con frecuencia) siendo el objetivo dar la menor cobertura posible si previo a ello no media un pago, aunque sea parcial, del servicio que se solicita.

Ello claro, siempre y cuando el demandante que llega al servicio no lo haga derivado por un político o directivo, derivación que se efectúa al sólo efecto de cumplir con el requisito administrativo de contar con la firma de un profesional que avale la prestación gratuita del servicio.

El objeto principal de los Servicio Sociales hospitalarios se refiere exactamente a lo contrario. Se relaciona con propiciar o facilitar el acceso de la población al uso de los servicios de salud en tanto y en cuanto los procesos en los que interviene el Trabajador Social deben actuar como facilitadores de la efectivización de la ciudadanía plena. Se interviene en la integración de diversos aspectos de acciones y programas que atienden a un conjunto diversificado de derechos y que, obviamente, se refieren al acceso de los ciudadanos a esos derechos.

Estos aspectos no son tomados en cuenta por la institución. Si el trabajador social desea desarrollar acciones o proyectos basados en considerar al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto destinatario de asistencia focalizada debe hacerlo fuera de su horario laboral o supeditando su ejercicio a las demandas institucionales básicamente centradas en realizar una selección de tipo económica.

El Trabajador Social tiene asignado, además, un rol asistencialista y de control desde el reduccionismo que implica la existencia de “relaciones prioritarias entre Trabajo Social y sujeto pobre”.Las demandas que llegan a los Servicios Sociales confirman la existencia de un instituido que relaciona la intervención con la gestión de recursos, funciones administrativas y de control. El espacio que ocupa el Servicio Social es visto como el que se encarga de los problemas materiales y legales de la población que se atiende en el hospital, además de ser el “informador” (se piensa que allí deben tener información sobre todo lo que se desea saber de algún paciente).

Este marco de intervención es un campo propicio (construido no inocentemente a mi entender) para la reproducción de los modelos de exclusión. El profesional no tiene el espacio para producir una intervención analítica y reflexiva y entonces ésta se convierte en automática, se llena una ficha, una encuesta y se definen los pasos a seguir, la intervención se hace mecánica y se trabaja con inmediatez, no se plantea el problema ni se intenta analizar cómo el sujeto significa su demanda, qué está expresando detrás de ésta y cuáles son sus necesidades. El demandante se transforma en un objeto en lugar de ser un sujeto.

El profesional debe continuamente redefinir su intervención, posicionarse ante la institución, ante las exigencias institucionales, situarse ante la demanda teniendo en claro que su intervención profesional aporta a la construcción de un sujeto determinado, otorga una identidad. Sin reflexión crítica se construye un sujeto de necesidades al que se responde con asistencia, la intervención se limita a la atención puntual de naturaleza asistencial, es decir gestiones de diverso tipo.

Y es aquí donde nuevamente se reproduce la exclusión, donde se construye y refuerza la identidad de “ciudadano asistido” repitiendo, aún inconscientemente, el modelo del Estado ejecutor de violencia social negativa. Más importante ello aún si se tiene en cuenta que la población que demanda la intervención de un Servicio Social está ya definida, por otros (el Estado y sus políticas sociales) y muchas veces por sí misma, como “carenciada”, “asistidos”, y es, entonces, la población más vulnerable.

En este modo de acción los Servicios Sociales pierden de vista al ser humano como sujeto de derechos, como ciudadano pleno, transformándose, cada Servicio Social en general y cada Trabajador social en particular, en un ejecutor más de la violencia del Estado.