Desde el punto de vista de las ciencias sociales se define a la vivienda desde sus prestaciones sociales como una configuración de servicios, los servicios habitacionales. Estos servicios “...deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección hambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras. Estas necesidades varían en cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico.” (Yujnovsky, 1984:17)

Todo persona tiene la necesidad de integrarse a un espacio social que le brinde condiciones mínimas para su desarrollo, un lugar donde obtener un mínimo bienestar económico, compartir la herencia social y vivir la vida de una persona civilizada. A partir de esta necesidad los diferentes sujetos desarrollan estrategias habitacionales que van más allá del acceso a la vivienda. Estas estrategias están referidas a un concepto más amplio que la vivienda misma, los servicios habitacionales. Los servicios habitacionales como categoría nos permiten referirnos no solo a la vivienda sino a su inserción en la trama urbana mediante la cual se accede a los diferentes servicios propios de la ciudad (Grillo; 1995:1). La ciudad no es sólo el soporte físico para el asentamiento humano sino que también tiene un sentido económico y social: la ciudad es donde “...la población local satisface una parte económicamente esencial de su demanda diaria en el mercado local y, en parte también, mediante productos que los habitantes de la localidad y la población de los alrededores producen o adquieren para colocarlos en el mercado” (Weber; 1997:939).

No todos tienen el mismo acceso a la ciudad, la estructura de clases tiene una contraparte empírica en la distribución territorial de los sectores sociales. La lucha por el acceso al hábitat comprende el proceso social conformado por las acciones más o menos organizadas que desarrollan las clases populares para vencer las condiciones físicas, geográficas o sociales que se presentan como obstáculos para acceder a los servicios habitacionales necesarios. Esta lucha se refiere al proceso histórico a través del cual se accede al espacio y a las mejoras en forma ampliada en las condiciones necesarias para la producción y reproducción en el territorio en que se establecieron. En el marco de esta lucha social y como fruto del juego dialéctico de las clases sociales, el Estado pone en práctica la política habitacional como parte del sistema de políticas sociales con los objetivos de resolver los aspectos más problemáticos de las necesidades de vivienda de las clases trabajadoras al tiempo de aminorar el conflicto social.

Los servicios habitacionales adquieren un valor de cambio y se intercambian como mercancías. Desde la producción hasta el consumo funcionan diversos mercados (suelo, materiales, partes fondos financieros, etc.) y operan distintos agentes privados orientados por la lógica de la máxima ganancia. Desde este punto de vista el sector de la vivienda es parte del proceso de acumulación.

Existen otras formas productivas encaradas por los sectores populares cuyo fin no es el cambio, sino directamente el uso. En estos casos las viviendas como el resto de los servicios habitacionales se realizan mediante trabajo independiente, en forma individual o por medio de organizaciones colectivas, sobre la base de lazos solidarios, de parentesco, de vecindad, de asociación profesional o cooperativa. Las obras se efectúan por autoconstrucción o por contrato de mano de obra. (Yugnovsky, 1984:21) La autoconstrucción es entendida a partir de dos conceptos básicos: el esfuerzo propio y la ayuda mutua. El esfuerzo propio es “el trabajo no remunerado que realiza una persona o grupo, con o sin ayuda exterior, con el fin de proporcionarse vivienda y otros servicios. ...Ayuda mutua, implica el trabajo hecho sin fines de lucro y en común por un grupo de personas con el fin de dotarse a sí mismos de viviendas y otros servicios...” (Kisnerman, 1985:27).

El origen del problema de la vivienda y las soluciones del mercado

A lo largo de todo el siglo XIX pero con más fuerza desde el momento de la organización nacional, se van a registrar cambios en la forma de vida, en particular en la familia. Se pueden visualizar dos procesos importantes: la independencia de grandes conjuntos de personas, que formaban la clientela de las familias patriarcales, y el cambio desde un esquema de familia extensa hacia uno de familia nuclear. Ambos procesos ayudaron a generar nuevas demandas de casas propias. Esta transformación comenzó con la reducción de la servidumbre, tanto esclavos como trabajadores domésticos. (Lecuona, 1993:36).

Un primer antecedente del reconocimiento por parte de las clases dominantes del problema de la vivienda se produce en la primera reforma constitucional del año 1857. Ahí se hace una referencia explícita al ya existente problema de vivienda: “El Estado otorgará los beneficios de: ...la defensa del bien de familia, y el acceso a una vivienda digna.” (Lecuona, 1993:35).

Otros grupos que requerían viviendas eran los inmigrantes, los del exterior y los que dejaban el campo para probar su suerte en las ciudades. A partir de 1860 el gobierno impulsa la inmigración europea: “gobernar es poblar” decía un axioma gubernamental de aquella época. Se les prometía tierras e instrumentos de labranza pero a su llegada encontraron la tierra apropiada por los terratenientes y las herramientas y semillas, en manos del almacenero de ramos generales. Como resultado un número importante de inmigrantes retornaron a sus países de origen, otros se emplearon como peón y el resto se asentaron en las grandes ciudades. En tanto las ciudades se llenaban de artesanos, los inmigrantes ocupaban todo empleo disponible. Al cabo de unos años, esa movilidad horizontal comenzó a complementarse con una movilidad vertical, y algunos grupos de inmigrantes comenzaron a demandar viviendas acordes a su nuevo status. Pero el programa de inmigración no previó viviendas para los inmigrantes. Acorde a la concepción liberal reinante en la época la necesidad de alojamiento fue considerada un problema individual.

Para el año 1871 el hacinamiento de las viviendas populares y la falta de higiene pública eran características urbanas a las que la población se había acostumbrado. En ese año, en la ciudad de Buenos Aires hubo una epidemia de fiebre amarilla que no hizo diferencias sociales. Dado que el sur de la ciudad, como la zona de Avellaneda, entonces Barracas al Sud, era zona baja e industrial con mataderos de animales y saladeros (Folino, 1966:33), los sectores más acomodados escaparon hacia la zona norte o hacia quintas y estancias de la periferia de Buenos Aires. A partir de este hecho comienza un replanteo conceptual en torno a la ciudad con una nueva propuesta, instalándose la problemática de lo urbano en función de la higiene y la sanidad.

La ciudad se reconfigura, ya que muchas familias importantes se trasladan al norte de la plaza mayor. Importantes residencias quedaron en desuso, dando lugar a su ocupación por inquilinos que al no poder alquilar su totalidad, alquilaban cada cuarto como unidad. Así nacen los “conventillos de rezago” que constituyeron una primera respuesta social al problema de la vivienda, que debido a las posibilidades laborales que significaba habitar dichos lugares justificaba las pésimas condiciones de vida que se soportaron. Los conventillos fueron una “...respuesta social para el proyecto de hacer la América” (Lecuona, 1993:44).

Fue una respuesta precaria y cara, y los trabajadores tuvieron que pagar sobreprecios por habitaciones en malas condiciones. Los dueños de los conventillos realizaban un excelente negocio inmobiliario a costa de la necesidad de alojamiento del inmigrante. ¹

El movimiento migratorio hizo posible el fabuloso crecimiento que las ciudades argentinas tuvieron en ese entonces: Buenos Aires pasó de 663.000 habitantes en 1895 a 1.575.000 en 1914, creciendo en ese período casi 300%. La obra pública llevada adelante por el gobierno liberal no contempló las necesidades de viviendas, mientras que las posibilidades individuales no permitían construirla.

El Banco Hipotecario Nacional (BHN), creado en 1886, se disponía a dar créditos pero en muy baja cantidad (diecinueve casos en cuatro años). A estas condiciones de mercado se les suma una actitud especulativa permitida desde 1871 con la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield. Ésta consistía en permitir el subarrendamiento de las casas de alquiler, lo que generaba la aparición de personajes que, sin descontar la violencia, garantizaban el cobro de las familias que no podían pagar el alquiler. A esta situación se le sumó el aumento de los alquileres, el cual alcanzó aproximadamente el 45% en tres años. Este agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, sumada a la falta de políticas para el sector, entre otros elementos fueron los detonantes de la famosa huelga de los conventillos producida en el año 1907 en Buenos Aires. Esta huelga fue un movimiento social protagonizado por los inquilinos quienes manifestaron muy alto nivel de comunicación, acuerdos y organización. Pero dirigieron su protesta más contra los encargados de los inquilinatos que contra los propietarios de los mismos. Durante la huelga se manifestó un fuerte espíritu solidario: “La unidad de criterios que adoptaban los inquilinatos, tanto para unirse a la lucha como para mantenerse al margen de ella, era un trascendente producto de la vida en común... Más allá de su resultado final, más allá de sus ínfimos logros respecto de las rebajas pedidas y de las largas listas de pérdidas en vidas, en deportaciones, en desalojos y en despidos, aquella experiencia constituyó la primera demostración pública de cómo y dónde se realizaba la integración social de los inmigrantes” (Lecuona, 1993:121).

Por parte del gobierno, la respuesta fue, al igual que en los demás conflictos con la clase obrera, en un primer momento la represión. Se penalizó el conflicto social, reprimiendo físicamente y aplicándose la ley de deportación de inmigrantes.

Al mismo tiempo se pone en práctica una política de viviendas destinadas a algunos sectores obreros vinculados a la oligarquía a través de la burocracia estatal. Ya en el año 1905, bajo la forma de la filantropía, se disponen los terrenos, y el financiamiento para el primer plan de viviendas que fue concluido en 1910 cuando se terminaron las primeras 64 viviendas. Con estos planes se intentó cooptar a sectores medios, obreros y empleados vinculados a la burocracia estatal naciente.

La clara impronta positivista y el espíritu de penalización se vieron fundamentados en el discurso de los médicos higienistas, quienes formularon la base de muchos males sanitarios casi exclusivamente en el hacinamiento aduciendo una pretendida fundamentación científica. ²

De esta forma el Departamento Nacional del Trabajo inauguraba la intervención social en vivienda a través de la imposición de una tipología de vivienda obrera que iva de la mano de una tipología de familia obrera y de una determinada conducta política: “Esto (la insalubridad) sólo se puede contrarrestar por la aireación de las habitaciones, evitando la acumulación de individuos en una sola pieza. La vivienda aislada, rodeada de aire y luz, es pues el ideal de la vivienda obrera” (Lecuona, 1993:83). En los discursos de los gobernantes se leía el temor de la oligarquía hacia los habitantes del conventillo. El diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en su reunión del 27 de octubre de 1910, en el informe de Santiago de Estrada reza: “El Doctor Rawson con voz profética dijo entonces que:“...si seguía desarrollándose la familia obrera en el conventillo, un día llegaría en que todos tendríamos que arrepentirnos porque allí germinaría el socialismo revolucionario y las ideas anárquicas...” (Lecuona, 1993:83)

En 1910 el Consejo Deliberante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece una normativa para que las damas de la sociedad seleccionen a los obreros beneficiarios “por conducta y antecedentes”. Además, se les otorgó poder de inspección y control para que dicha sociedad revisara el correcto uso de las viviendas imponiendo un severo reglamento que prohibía las fiestas, el alojamiento de personas fuera del núcleo familiar, obligaba al aseo, prohibía levantar tabiques, alquilar la vivienda, y si mejoraban económicamente debían devolver la casa debiendo renunciar a todos los recursos legales. Cualquier incumplimiento estaba bajo pena de desalojo. La sociedad de beneficencia logró construir un severo sistema de control social sobre el usuario en torno a la vivienda.

El Estado liberal - oligárquico desarrolló muy pocas acciones en función de resolver el problema habitacional. En 1912 se creó la Comisión Nacional de Casas Baratas, que concluyó su obra en 1942 edificando un total de 1000 viviendas. (Ferioli, 1990:25)

La visión socialista del problema de la vivienda era diferente a la liberal. La cooperativa El Hogar Obrero, fundada por los socialistas en 1912, comenzó las obras de construcción de un grupo de viviendas con el objeto de venderlas a sus socios. Para los socialistas, los problemas de carencia de bienes y servicios eran los verdaderos motores de toda actividad política pero esta concepción solo contó con el esfuerzo propio sin tener incidencia en los fondos públicos.

El avance del movimiento obrero consigue que en el año 1919, durante el primer gobierno de Yrigoyen, se incluya en la agenda el problema de la vivienda. Para ese entonces las reivindicaciones principales eran la jornada máxima de trabajo y la jubilación de los trabajadores. Yrigoyen, insiste en la necesidad de sacar a los trabajadores del conventillo y de que aspiren al hogar propio sosteniendo el discurso higienista. El carácter normativo y la impronta positivista del discurso pone el énfasis en las desventajas morales del conventillo.

Durante los años de la Primera Guerra y la posguerra, el acceso a la vivienda obrera estaba limitado por las pésimas condiciones socio - económicas a las que los sucesivos gobiernos sometieron a la clase trabajadora. A las consecuencias del conflicto se sumó la crisis económica mundial y, en el contexto liberal reinante, sus efectos recayeron gravemente sobre los trabajadores.

En los primeros años de la crisis del ’29 muchas fábricas cerraban, creando verdaderos ejércitos de desocupados. Juan José Real relata la aparición de las primeras villas miseria del país: las “Villas Desocupación” y los “Barrios de las latas” en Puerto Nuevo: “Vimos aparecer en Puerto Nuevo una inmensa aglomeración de algo que no podríamos llamar, como hoy, ‘villas miserias’, ni ranchos, ni ninguna forma de vivienda por humilde que fuera. Eran una especie de tabucos, unas chozas misérrimas, que se extendían por cuadras y cuadras..” (Pereira, 1983:43). Horacio Salas describe sus características: “Villa Desocupación, la primera villa de emergencia de la ciudad, ese largo barrio costero improvisado que va desde puerto nuevo hasta Canning, estaba en su trágico apogeo, con sus viviendas de latones y arpilleras y agujeros en la tierra... (Pereira, 1983:71).

Por otro lado la realidad de los trabajadores en el interior no era muy diferente a la de la gran ciudad. Desde el punto de vista cuantitativo, la respuesta del Estado liberal - oligárquico en el tema de la vivienda en el período fue ínfima. Desde 1886 (que se creó el BHN) hasta 1943, la población de Buenos Aires creció, a raíz de la inmigración, en un millón de habitantes. Por esto se necesitaría haber construido aproximadamente doscientas mil viviendas. Pero el Estado liberal (a través de sus instituciones vigentes, el BHN y de la Comisión Nacional de Casas Baratas) construyó sólo mil viviendas y otorgó unos setenta créditos, por lo que solo dio respuestas a aproximadamente un uno por ciento de la población necesitada.

La vivienda popular como ayuda social del Estado

A partir de 1943, el gobierno experimentó un giro importante en cuanto a la interpretación de la crisis social y en cuanto a la relación con el sector de los trabajadores.

En el caso de las acciones por la vivienda, Isuani describe las acciones del gobierno orientado por Perón. Su intención fue disminuir el conflicto social a través de la resolución de las necesidades de las familias trabajadoras y la activación de la economía interna: “A partir de 1943, a través de la puesta en marcha de una política de créditos baratos, se alienta la industria de la construcción como factor de acumulación y se subsidia la demanda con el propósito de promover una redistribución de ingresos y de estimular la demanda interna” (Isuani, 1989:51).

Desde el año 1943 los créditos de fomento pasan a ser la operatoria con mayor participación relativa en la actividad del BHN. Esta participación seguirá aumentando cada vez más hasta el año 1953. (Tecuanhuey, 1988:52). En junio de 1943 el gobierno dicta su primer decreto sobre locaciones urbanas. De esta forma comienza un prolongado período donde se interviene el mercado a través de legislación sobre alquileres. La acción estatal creó la protección necesaria para el usuario de escasos recursos y se equilibraron los términos de la oferta y la demanda. Los mecanismos más usados fueron la restricción y suspensión de los desalojos, la prórroga de los contratos de alquiler y la rebaja en los precios de los alquileres. (Lecuona, 1992:60) Más adelante se decretaría la obligatoriedad de denunciar las viviendas desocupadas. (Lecuona, 1992:180).

El problema de la vivienda también fue atacado en el área rural a través del Estatuto del Peón de campo, el cual introduce, entre otras exigencias, la obligatoriedad del patrón de proveerle una vivienda digna al peón.

Con el gobierno de 1945 a 1955 se fortalecen las estructuras sindicales y la central unificada de trabajadores CGT. El mayor poder de la clase trabajadora para obtener reinvindicaciones entre las que se encontró el acceso a la vivienda digna para los trabajadores se tradujo en un número importante de viviendas destinadas a trabajadores de los distintos gremios.

La presencia de Eva Perón y de la ayuda social que ella encarnó fue muy significativa para garantizar los derechos sociales a toda la población pobre. La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que más tarde pasó a llamarse Fundación Eva Perón, fue el eje de la asistencia social en el gobierno peronista. Según sus estatutos debía, entre otros objetivos, construir viviendas para su adjudicación a familias indigentes. La Fundación se encargó de construir barrios enteros en distintas ciudades del país.

El discurso peronista se alejó del discurso controlador y represivo asociado al positivismo higienista y se caracterizó por su carácter reivindicativo y fundante en tanto derecho social. Se trataba de instituir la responsabilización por parte del Estado y por lo tanto de las clases dominantes de la obligatoriedad de que se cumpla con los derechos sociales y entre ellos el derecho constitucional de acceso a la vivienda digna. Pero en alguna medida, a través de la obra de vivienda, se comenzará a ver que por otros medios, más democráticos y constituyentes de derechos sociales, el peronismo compartió con los positivistas y conservadores, la idea de propiciar el barrio obrero y de alejarse de “los problemas” que se cultivaban en el conventillo, resultantes de la alta socialización que allí se producía. En estos y otros discursos se manifiesta un claro sentido social pero con una perspectiva por momentos positivista y conservadora.

La obra en vivienda en el gobierno peronista fue muy extensa. Desde 1943 hasta 1949 distintos organismos dependientes del gobierno construyeron aproximadamente 54.000 viviendas; un tercio de ellas fueron construidas por los Estados provinciales. (Presidencia de la Nación, 1945:320) En la Capital y el Gran Buenos Aires el gobierno peronista construyó 22.000 viviendas (Presidencia de la Nación, 1949:314). En la provincia de Buenos Aires se construyeron en ese mismo período 2504 viviendas rurales para los adjudicatarios de lotes en las colonias. Se adjudicaron, hasta el año 1951, 2.504 lotes equivalentes a 243.000 hectáreas. Se fraccionaron lotes en cuarenta colonias.

En el plano institucional y como parte del primer Plan Quinquenal, para trabajar sobre el problema de la vivienda, el gobierno crea las competencias del Instituto Nacional de Previsión, el BHN y la Administración Nacional de la Vivienda (Varios, 1983:9)

Durante el gobierno de Perón, el trabajador accedió a la compra del lote propio a través de los numerosos y grandes loteos.
Estos loteos se extendían en parrilla ³ a lo largo de las vías del ferrocarril, en el primer y segundo anillo del conurbano bonaerense pero también en las poblaciones del interior. Los grandes loteos comenzaron en la década del ’40 y se extendieron hasta la década del ’60. Un sistema de cuotas accesibles a sectores de bajos ingresos, a través del pago en mensualidades, permitió el acceso al lote propio por parte del trabajador ⁴.
Los problemas de urbanización en los nuevos barrios fueron siendo resueltos a partir de diversas formas de organización popular: las sociedades de fomento, las uniones vecinales o simplemente el agrupamiento y trabajo mancomunado de los vecinos contribuyeron al equipamiento básico para la convivencia urbana, desde la luz eléctrica hasta los desagües, veredas o asfaltos.

Los migrantes internos, pobladores predominantes de estas barriadas, se encontraron también frente al desafío de la asimilación al medio urbano. La existencia de un Estado con un claro compromiso social y con políticas que favorecían el acceso al trabajo y garantizaban los derechos laborales con sus correspondientes beneficios, constituyó un factor determinante de su afincamiento y compromiso territorial. La inserción laboral, la posesión de una cobertura social y el acceso a la propiedad de la tierra, así como las posibilidades de educación para sus hijos con perspectiva de cierta movilidad social, contribuyeron a consolidar la radicación urbana (Almegeiras, 1997:3).

En 1952 habrá construido 217.000 viviendas. En tres años el BHN escriturará 130.000 préstamos. Los planes de pago que había propuesto la Fundación al banco eran a treinta años con un interés del 5,75 %. De esta manera se construyen barrios en todo el país; todos eran chalets de tres, cuatro y cinco ambientes de acuerdo con el número familiar, de una o dos plantas, proyectados por la Fundación, contando también con jardín y terrenos para cultivos para sostener el plan de consumo del Gobierno. (Ferioli, 1990:25)

El Estado nacional - popular pudo hacer realidad el acceso a la tierra y la vivienda de los trabajadores. Se construyeron, sólo en sus primeros siete años, cerca de 260.000 viviendas, tanto directamente por los gobiernos de los distintos niveles como a través de los propios particulares pero facilitados por la política económica que garantizaba el acceso del crédito a las familias obreras. Estas cifras dan un promedio de 37.000 viviendas por año. La población crecía a razón de trescientas mil personas por año lo que suponía una demanda de sesentamil viviendas al año. Según estos números, en esta etapa se habría respondido al 50% de la demanda, hecho que contrasta fuertemente con el 1% de respuesta generado durante los gobiernos del período liberal.

El desarrollismo y la erradicación de villas

Luego de la derrota del movimiento popular de 1955, el gobierno militar comenzó una esforzada búsqueda de alternativas capaces de controlar la politización de la clase trabajadora (Grassi, 1987:107). A pesar de la gran represión, los principales beneficios laborales no pudieron ser suspendidos en este período de dictadura militar. La apropiación por parte de la población de dichos derechos les generaba una compleja situación en la cual no les era nada sencillo desarticularlos.

El contexto en el que emergió este gobierno estaba signado por un EE.UU. fortalecido y con pretensiones hegemónicas en Latinoamérica. También en el continente fueron fuertes las rebeliones populares, las que llegaron a un punto máximo con la revolución cubana. En este marco, Estados Unidos gestó una nueva propuesta ideológica que, recogiendo los modelos impulsados por Gran Bretaña en sus colonias asiáticas y africanas, sostenía la necesidad de controlar la adversión que la miseria latinoamericana generaba hacia EE.UU. entre los sectores populares. Asimismo sostenía la necesidad de garantizar ciertas reformas estructurales básicas que aseguraran el desarrollo y la acumulación del capital invertido. (Grassi, 1987:108)

Conocida como desarrollismo, esta avanzada de la política norteamericana influyó tanto a las ideas políticas como a las ciencias sociales, que le dieron sustento teórico en el marco de un funcionalismo revitalizado y de cierto tinte evolucionista. Participación y desarrollo fueron los términos fundamentales del discurso desarrollista. El primero buscaba el consenso para sus planes y el segundo sería una cierta democratización, por lo menos formal, que permita reforzar el primero.

La intervención social en vivienda para los sectores trabajadores se organizó por varias vías. Se financiaron viviendas multifamiliares construidas a partir de grandes empresas y viviendas unifamiliares a partir de la autoconstrucción. La intervención territorial se formuló en términos de “desarrollo de la comunidad”. Éste fue el encuadre al compás del cual surgieron las estrategias clásicas en el tema de la vivienda como lo fue la autoconstrucción asistida.

A su vez la participación tuvo un contenido más pragmático que se expresó en las concepciones de autoconstrucción, esfuerzo propio y ayuda mutua, etc. De esta forma se buscó reducir los costos de las viviendas trasladando parte de los mismos a las familias trabajadoras.

La concentración de las industrias trajo aparejados despidos y con éstos la proliferación de las villas miseria. A esta altura, las villas miseria albergaban no sólo al inmigrante interno proveniente del despoblamiento rural producto de la tecnificación, sino también al migrante limítrofe. A los migrantes de las empobrecidas regiones argentinas se les sumaron los ciudadanos menos pudientes de los países limítrofes. Paraguayos, bolivianos, chilenos, uruguayos se mezclaron en las villas con tucumanos, santiagueños, chaqueños o riojanos. La villa miseria fue otra respuesta popular a la necesidad de vivienda, pero no fue sólo eso. La villa ha sido el lugar donde los recién llegados, los más sumergidos, han decidido cómo y dónde hacer su participación política. La villa miseria fue un lugar de resistencia política.

El gobierno de Illia crea, en el seno de la Secretaría de Vivienda, el Plan Piloto para la Erradicación de Villas de Emergencias. ⁵
El discurso apuntó a que muchos técnicos creyeran en la doble acción de relocalización - educación. Parecía que estas acciones prometían la purificación de nuestra clase trabajadora contaminada por el atraso sociocultural y la demagogia política. El blanco de la estigmatización fue el “cabecita negra”, y como resultado del proceso de estigmatización-segregación, surgió otro tipo humano nuevo: el villero.

El proyecto desarrollista democrático había resultado inviable. Por un lado porque no logró garantizar la “paz social”, que en términos más pragmáticos era la neutralización del movimiento popular, expresado entonces en el peronismo, proscripto o semi-proscripto, desde el exilio de su jefe. Y por otro lado porque, entre las propias clases dominantes, las tensiones de intereses eran lo suficientemente fuertes para que la propuesta industrialista no se tornara hegemónica.

En el caso de las villas, lejos de lograrse la erradicación, se habían transformado en núcleos de resistencia. La politización de los sectores populares más que disminuir se acrecentaba.

En este marco las propuestas del Estado desarrollista fracasaron en varios terrenos. En el caso de la tierra y la vivienda, este Estado nunca se planteó resolver el déficit creciente de viviendas ni garantizar el acceso a la tierra. Sólo pudo lograr mínimos objetivos en cuanto a vivienda obrera a través de la vivienda unifamiliar, la autoconstrucción y el esfuerzo propio.

El período de los gobiernos de facto de los generales Onganía - Levingston - Lanusse mantuvo el discurso de la “acción social desarrollista”, con los planes de erradicación de villas de emergencia por considerar a éstas focos de desajustes sociales. Los objetivos eran claros y en algunos casos explícitos: disciplina social y legitimación del gobierno. El discurso partía del principio de “la falta de pautas de urbanidad de los villeros”.

Para desarticular la organización social se proponía una erradicación compulsiva y por etapas. Se los trasladaba a un “núcleo transitorio” donde a través de los “programas sociales” se iniciaba el proceso de cambio de las pautas culturales, comenzando por las habitacionales, hacia nuevas pautas de vida. Un sistema de premios y castigos coronaba los planes. Los núcleos transitorios fueron nuevas villas controladas hubicadas en los márgenes de la ciudad con un desarraigo y una precariedad que se tornaron crónicas. Los moradores debían sentirse allí “de paso”, no pudiendo introducir mejoras, “para que las incomodidades los urgieran a esforzarse para obtener las ventajas que ofrecen las viviendas definitivas”. ⁶ (Bellardi, 1986:17)

Previendo el caso de aquellos individuos que se opusiesen a la erradicación, se proponía establecer dentro de la legislación existente la categoría jurídica de “intruso” con el objetivo de anular el derecho de los pobladores villeros a solicitar recursos de amparo u otro tipo de protección legal para evitar el desalojo inmediato.

A partir de fines de la década del sesenta ya se habían producido el Cordobazo y el Rosariazo, importantes hechos políticos que fueron expresiones populares de repudio al gobierno militar. En este marco de avance de las clases populares y evaluando el relativo fracaso del plan de erradicación de villas como solución al creciente déficit habitacional, el gobierno de Lanusse da un giro en la estrategia de la política habitacional. En el año 1972 se dicta el decreto - ley 19.929, a través del cual se crea el Fondo Nacional de la Vivienda, (FONAVI) ⁷.
De esta forma se crea el mayor fondo que la nación haya tenido para la vivienda. El FONAVI se crea como organismo dependiente del Ministerio de Bienestar Social y debía reservar no menos del 30% de sus fondos anuales para la erradicación de todo tipo de asentamientos precarios (villas, rancheríos, etc.). Luego se crearán, en jurisdicción de las provincias, los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV).

El FONAVI a través de los IPV desarrollaron distintas operatorias. En el caso de la provincia de Buenos Aires se ponen en práctica programas de autoconstrucción basados en los conceptos de esfuerzo propio y ayuda mutua (EPAM). En una etapa siguiente se incorpora el concepto de Asistencia Técnica pasando a denominarse ATEPAM.

La operatoria principal del IPV era la construcción de los llamados “complejos habitacionales” para la erradicación de las villas de emergencia por parte de grandes empresas constructoras. Estos complejos eran verdaderas ciudades constituidas por enormes edificios de cientos de viviendas unifamiliares en propiedad horizontal. Se los proyectaba y dirigía centralizadamente por funcionarios del Estado que abundaban en el autoritarismo y la inadecuación. Debido a que los diseños no previeron ni concibieron usos de espacios por fuera de la vivienda, la gente no pudo volcar hacia el exterior la vida de sus familias. No hubo plazas, ni bares, pero principalmente no hubo donde realizar un acto político.
Rodolfo Livingston describe el experimento social: “Allí comprendí claramente la unidad entre reglamentos, diseño arquitectónico, urbanismo y concepción política. Todo es coherente y tiende a empujar a la gente hacia adentro de las casas, lo cual es, por otra parte, una característica esencial de la propiedad horizontal: son viviendas definidas más por sus falencias que por sus virtudes... carecen de todas las ventajas que siempre tuvieron (entre ellas la posibilidad de crecer al ritmo de las familias)... Con un agravante, sus habitantes, por su origen social, están muy habituados a la vida exterior propia del campo, de los barrios y aun de las villas de emergencias. Por eso su sentimiento de pérdida es fuerte” (Livingston, 1990:188). Los colores, cercos, rejas, carteles, virgencitas, etc. que permite la personalización de los lugares, no es permitida, ni por los diseñadores ni por las autoridades, obligándolos a demoler todo tipo de agregado o prohibiendo todo tipo de modificaciones. Los técnicos y las autoridades las consideran un símbolo del descontrol.
“La uniformidad es confundida con el orden y el orden con la calidad estética.” (Livingston, 1990:189).

Las viviendas hechas a través de esta política significaban para la gente, por momentos, un castigo y, en el mejor de los casos, algo altamente inconveniente “...en muchos aspectos la casa pobre de barrio y aun la villa miseria superan en habitabilidad a este enorme y costoso conjunto urbano...” (Livingston, 1990:189).

El gobierno militar brindó los lineamientos ideológicos y políticos que las instituciones dedicadas a la vivienda desarrollaron por muchos años. El autoritarismo de la llamada “Revolución Argentina” se transmitió a los equipos técnicos que llevaron adelante la política habitacional por más de veinte años. Si bien la totalidad de las instituciones estatales vigentes en el tema tierras y vivienda fue creada en la etapa desarrollista, estas instituciones se consolidaron y tomaron vigor en la etapa del Estado burocrático-autoritario, de 1966 a 1973. En esta etapa el Estado decide una intervención social más agresiva contra las clases populares y la vivienda fue una estrategia privilegiada para combatir a la clase obrera en su lugar de reproducción.

El tercer gobierno peronista (1973-1976) transitará dentro de un nuevo escenario mundial marcado por gobiernos militares en Brasil, Uruguay y Chile, y una reafirmación de la hegemonía norteamericana en el hemisferio. Lo característico en la modalidad de gestión en las villas de emergencia fue la convivencia entre dos formas de intervención: la propuesta por el gobierno y la propuesta por las organizaciones villeras. El gobierno pretendía continuar la política de erradicación y dirigirla desde los organismos estatales, y la propuesta de las organizaciones villeras era orientar la colaboración estatal hacia las tareas de mejoramiento de las condiciones de los núcleos villeros. (Bellardi, 1986:17).

Estas contradicciones, lejos de resolverse en el seno del gobierno, sufrieron el agravamiento producto de la pérdida de poder de los sectores populares, el aumento de la represión y la persecución generada por las fuerzas para-policiales organizadas desde el mismo gobierno.

Reforma urbana y segregación territorial

Durante el proceso militar de 1976-1983, el problema habitacional se caracterizó por la inaccesibilidad a la vivienda, la tierra y los alquileres por parte de los asalariados y en particular por los más pobres. En las villas se generaron acciones de ocultamiento y expulsión de los pobres. Se comenzó un proceso de expulsión, de segregación desde el centro de la ciudad hacia la periferia, constituyendo el comienzo de un nuevo ciclo de segregación social y territorial fundando una nueva forma de control social, el control perimetral.

Hasta la década del ’70, las migraciones internas estuvieron marcadas por un flujo desde el campo hacia las grandes ciudades de contingentes que engrosaron las villas. A partir del gobierno militar del ’76 al ’83 comenzó un fuerte proceso de expulsión desde el centro hacia la periferia del Gran Buenos Aires, a partir del efecto combinado de una nueva legislación: el código urbano, de la nueva ley de alquileres, del plan de erradicación de villas miseria y la eliminación de viviendas (por la construcción de las autopistas), etc. (Grillo, 1995:10).

La exclusión gravita sobre las prácticas urbanas tradicionales y se afirma y consolida mediante el decreto - ley 8912 del año 1977 de ordenamiento territorial y uso del suelo. (Meisegeier, 1997:4). Esta norma produjo, entre otras consecuencias, la disminución de la oferta de tierra a bajo costo y el crecimiento del mercado ilegal de tierras. La política de expulsión de sectores de escasos recursos de la Capital incrementó el proceso de asentamientos en tierras claramente deterioradas. Las instituciones dedicadas a la vivienda acompañaron el proceso de erradicación de villas de la Capital Federal con la construcción de varios complejos habitacionales en la periferia, principalmente en el Gran Buenos Aires.

Lentamente, no sólo se fue haciendo imposible el acceso al lote propio en mensualidades (por la disminución del poder adquisitivo, la inflación, las indexaciones, la circular 1050) sino que empeoraron las condiciones de acceso al mercado laboral y de integración social de los trabajadores. La búsqueda de nuevos espacios llevó a los trabajadores a generar alternativas de habitación en zonas más lejanas a la Capital Federal. Estos nuevos grupos de características culturales urbanas generaron los “asentamientos” en la periferia de las grandes ciudades. Los nuevos asentamientos avanzaron sobre los pocos espacios vacantes. En el caso del conurbano bonaerense se ubicaron principalmente en el llamado tercer cordón.

Estos asentamientos fueron una nueva estrategia popular a la problemática de la vivienda. Esta nueva respuesta social difirió de las tradicionales villas principalmente por razones históricas relacionados al componente social y cultural de los asentados. Estas diferencias provienen principalmente de que se trata de familias de ex trabajadores industriales urbanos con experiencia gremial y de organización. Esta diferencia con el trabajador rural que pobló las villas se manifestó, por ejemplo, en una organización social y urbana diferente donde en la villa se reprodujo parte del medio rural abandonado. A diferencia de éstas, el asentamiento se caracterizó por un alto nivel de organización, ordenamiento urbano y autogestión.

“Entre los años 1978 y 1979 surgieron en el Gran Buenos Aires 101 asentamientos”, ocupando aproximadamente 1.300 manzanas. En ellos vivían al año ’95 aproximadamente 36.400 familias (Grillo, 1995:10). El 71 % de los asentamientos con el 63 % de la población se localizó en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En este momento, se produce un quiebre histórico, se rompe el contrato social, se produce el quiebre del Estado social. Es en este punto donde se rompió el contrato social por el cual el Estado representaba y significaba el compromiso solidario del ganador y el perdedor en la lucha social. Es en el tema de la tierra y la vivienda donde se manifestó con más crudeza, llegando al punto de que los pobres ya no tuvieran ni un lugar en la villa porque venían con las topadoras a sacarlos. Ya la villa no podía estar en la ciudad, debía retirarse hacia el margen, hacia la frontera con la no-ciudad.

Ajuste estructural y emergencia habitacional

La democracia encontró al país con un déficit habitacional de aproximadamente 2,5 a 2,8 millones de personas que habitaban en viviendas con condiciones insatisfactorias o deficitarias. ⁸ Cerca de la mitad de este déficit se localizaba en el Gran Buenos Aires y la región pampeana.

Los condicionantes provenientes de la deuda externa y del terrorismo de Estado determinaron fuertemente las posibilidades de acción y de la democracia constituyendo un sistema democrático restringido. A partir del Consenso de Washington (1982), los organismos financieros internacionales exigen, a través de los acuerdos de refinanciamiento la deuda, profundas y reiteradas reformas del Estado que contemplan las privatizaciones, la desregulación de la economía y la liberalización de los mercados. Además exigen el achicamiento permanente del gasto público social con ajustes periódicos y reducción del consumo interno.

La aplicación de las políticas económicas exigidas restringen en forma permanente la inversión social en infraestructura y vivienda como de los demás ítems del gasto social, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Esto determinó un muy bajo nivel de inversión social para los sectores de escasos recursos. El rubro vivienda social recibió un drástico ajuste. La reducción presupuestaria y la irracionalidad del gasto público social no evitaron el fuerte crecimiento del déficit habitacional.

Por otro lado el Estado no tuvo una política de urbanización que resuelva el problema de las migraciones y asentamientos permanentes en las grandes urbes luego del permanente despoblamiento rural.

La presión social y política ejercida por los sectores socialmente excluidos durante la dictadura obligó al Estado a que se tomaran medidas de emergencia para aumentar mínimamente la oferta de tierra y vivienda a bajo costo. De esta forma se ponen en práctica las primeras intervenciones a través de distintos planes sociales de acceso a la tierra y de vivienda social. Las primeras respuestas gubernamentales a este problema se dieron desde la órbita del BHN y de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Urbano (SVOU) a través del FONAVI. El BHN financió obras nuevas, individuales y masivas, pero también otorgó créditos para refacciones, ampliaciones y terminaciones de viviendas individuales y para la adquisición de unidades ya construidas. El FONAVI, en cambio, financió principalmente viviendas multifamiliares y obras de infraestructura y equipamiento comunitario. ⁹

Tanto el BHN como el FONAVI no pudieron llegar a los objetivos buscados por razones de diversa índole, tanto financieras como productivas, contractuales y de gestión. ¹⁰
Esta situación llevó a replantear la política generando principalmente cambios en la modalidad de gestión. Así, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se crearon los programas provinciales de vivienda social: Pro-casa, Solidaridad, Autogestión Constructiva y Autoconstrucción y Ayuda Mutua, que intentaron aumentar el impacto y bajar los costos, a través de descentralizar recursos y decisiones y de mejorar la participación del beneficiario y el control de la gestión.

En el tema de la tierra comenzó una fuerte demanda de los ocupantes de los asentamientos para regularizar el dominio y obtener la titularidad de las tierras que habían ocupado durante la dictadura. El gobierno democrático actuó bajo el paradigma de la regularización dominial. Bajo esta modalidad de intervención se crearon los programas Pro-Tierra, Lotes con Servicios, Asentamientos Planificados y en la órbita nacional el Plan Arraigo.

El achicamiento de los espacios de participación política y el agravamiento de la situación social, en tanto falta de respuestas a los acuciantes problemas de la alimentación, la tierra y la vivienda, fueron las razones que aceleraron el surgimiento de nuevas organizaciones sociales comunitarias y la proliferación de las ONG's. Hacia mediados de los ’80 proliferaron rápidamente en el territorio las ONG's que se dedicaron al tema de la tierra y la vivienda. Estas entidades crecieron en número y tomaron mayor protagonismo que en etapas anteriores.

Principalmente a partir de la crisis del año 1989, e inspirándose en la perspectiva neoliberal, los sucesivos gobiernos aplican la modalidad de intervención prescrita por los organismos internacionales de crédito, Baco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta modalidad se caracteriza por la reducción del gasto social reformando las políticas sociales de cobertura universal a cobertura focalizada en los sectores pobres. Para el caso de las políticas habitacionales esto significó el abandono del objetivo de la eliminación del déficit habitacional para pasar al criterio de emergencia habitacional.

La privatización de las empresas de servicios públicos y el aumento de la tasa de desempleo son los principales factores que inciden en la reversión del paradigma de la regularización dominial. Las familias acuciadas por la imposibilidad de pagar tasas y servicios dejan de demandar la regularización de su situación como lo hacían hasta la década del ´80 volviendo a una situación que por su irregularidad se asemeja más a las villas.

El avance de la reforma del Estado, del proceso de retracción del ingreso y la baja de la tasa de empleo agrava el problema del acceso a la vivienda. En este marco la única estrategia que se desarrolla desde el Estado es la llamada: emergencia habitacional.
Esta estrategia se basa en la disposición de una porción del recurso correspondiente al FONAVI ¹¹, en programas focalizados en población pobre o indigente carente de vivienda. La operatoria más común es la autoconstrucción familiar. La población beneficiaria es aquella que por razones climáticas ha perdido su vivienda sean inundaciones, temporales, etc. La operatoria consiste en la entrega de materiales de construcción al grupo familiar para que éste se construya la vivienda con el esfuerzo propio. Las estrategias de ayuda mutua son menos comunes debido a que tienen la característica de fortalecer el entramado social y con éste el empoderamiento y la capacidad de demanda de la población situación incompatible con el ajuste estructural, motivo por el cual estas estrategias no son puestas en práctica por este tipo de gobiernos.

Soluciones habitacionales como arreglos cualitativos Estado - mercado - familia

Las soluciones habitacionales son dispositivos de particular importancia para la reproducción social de las familias trabajadoras y por lo tanto parte esencial del régimen social de acumulación. La necesidad de vivienda popular, ha sido resuelta, a lo largo de la historia nacional de diferentes formas. Desde comienzos del Estado nacional, y a lo largo del siglo XX, cada forma de Estado se ha caracterizado por la presencia de soluciones típicas al problema de la vivienda popular. Cada forma de Estado se ha caracterizado por la vigencia de determinadas soluciones habitacionales.

Si consideramos a la política estatal como a las acciones u omisiones del Estado, cada forma de Estado puso en vigencia diferentes soluciones habitacionales, resultado del accionar del Estado o de otras instituciones de la sociedad civil como el mercado o la familia y que colaboraron con apuntalar el nuevo orden social propuesto.

En el Estado liberal, las soluciones más extendidas fueron el conventillo y posteriormente las villas miseria . Estas soluciones estuvieron signadas por el mercado como organizador social y un Estado ausente.

Los principales instrumentos de política del gobierno peronista fueron cuatro: se operó en los alquileres con la prórroga de contratos, impedir desalojos y regulación de precios. Se liberó la importación de material para viviendas. Se realizaron planes de viviendas y se otorgaron créditos. En esta etapa nacional-popular o populista, las soluciones más importantes fueron el alquiler, los créditos y los planes de viviendas. Estas soluciones se caracterizaron por un Estado planificador y una universalización del acceso a la vivienda. La vivienda pasó a ser un símbolo de dignidad.

La solución típica del Estado burocrático-autoritario fue la construcción de los complejos habitacionales . Estas soluciones fueron el corolario del proceso de "erradicación de villas" y significaron para la población unas verdadera vivienda castigo.

Por último, en el Estado neoliberal, la solución típica como respuesta al proceso de expulsión de la ciudad, cada vez más valorizada y fragmentada fue " el asentamiento ". El asentamiento organizado, la solución se estructura en torno a organizaciones populares, que se basa en una lógica solidaria y en términos de lógica puede ser asimilada a la familia, dado que a la organización popular es asimilable a un agregado de familias.

La lógica que organiza cada solución puede ser interpretada a partir del tipo de arreglo cualitativo entre el Estado, el mercado y la familia. Cada arreglo genera una dinámica social diferente valorando diferencialmente a las diferentes instituciones sociales, ya sea el Estado, el mercado o las familia conforme a la lógica política, mercantil o social o que prima marcando el tipo de sociabilidad que reproduce. Así cada solución aporta a un diferente orden social, por lo que cada una contribuye a consolidar uno u otro proyecto socio-político. Conforme a estos proyectos en pugna en cada período histórico, la política social vigente contribuyó a consolidar un orden social determinado, el régimen social de acumulación, para el cual la solución habitacional fue un dispositivo clave en tanto estructuró el espacio y con éste cierta organización social.

La evaluación de cada arreglo, como base de una política de vivienda puede realizarse a partir de analizar la calidad , la equidad y la eficiencia de cada uno. Para la evaluación de la calidad se toman los aspectos sociales y constructivos y para la evaluación de la eficiencia se toman los costos sociales, económicos y ecológicos. Para evaluar la equidad tomamos la participación en el producto/gasto de cada grupo o clase social involucrada.

Conclusiones:

La política habitacional es, en el marco de las políticas sociales la que más dependió de la política en general. Durante el Estado liberal el derecho constitucional al acceso a la vivienda digna fue letra muerta. Fue recién a partir del avance del movimiento obrero y de sus luchas, en las cuales se inscribe la histórica huelga de los conventillos, en que el Estado comenzó a efectivizar ese derecho a través de la construcción de viviendas para trabajadores.

Tres décadas más fueron necesarias para que, a partir de considerar a la industria de la construcción como parte del modelo de acumulación y a la vivienda como parte del régimen social de acumulación es que se dispusieron fondos para que los trabajadores obtuvieran créditos y pudieran construir sus viviendas. Las distintas estrategias de erradicación de villas y de autoconstrucción significaron diferentes modos de negar los beneficios económicos de la vivienda y la tierra urbana a los trabajadores.

A partir de la última dictadura militar, se introdujo fuertes cambios en la formas y modalidades de disciplinamiento. El mercado como institución preponderante para asignar recursos fue generando la expulsión de los trabajadores hacia la periferia de la ciudad y su consiguiente control perimetral.

La década del '90 se caracterizó por la desfinanciación de las políticas habitacionales. Con la reforma del Estado, la nueva ley federal de la vivienda, la privatización del Banco Hipotecario Nacional y la venta de las hipotecas a las entidades financieras privadas se concluye con un período histórico marcado por la existencia de instituciones propias del Estado benefactor como lo fueron el BHN y el FONAVI que tenían como objetivo garantizar el acceso a la vivienda digna y bregaban por la inversión en vivienda social en el país. Se reducen o desaparecen los fondos de viviendas y se aplica una estrategia de intervención social denominada emergencia habitacional como forma de reducir el conflicto social focalizando en la pobreza estructural. Este panorama contrasta con la creciente complejización de la problemática urbana no solo en Argentina sino en todo el subcontinente.

En este contexto de pos consenso de Washington, es posible afirmar, a partir del análisis histórico que evidencia la fuerte relación política habitacional - proyecto socio-político las políticas habitacionales tenderán a la recuperación del derecho al acceso a la tierra y la vivienda, solo en la medida en que se logre modificar el nivel, de organización, de lucha y la correlación de fuerzas sociales de las clases subordinadas.

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Prof. Eduardo López

Arreglo	Estado	Mercado	Familia	Calidad	Eficiencia	Equidad
Conventillo	Legislación comercial: contratos de arrendamientos	La vivienda como mercancía y como valor de cambio. Desarrollo del mercado inmobiliario.	Fácil acceso del Inmigrante, Estigmatización. Alta sociabilidad entre familias	Buena ubicación de los lotes. Hacinamiento. Mala calidad constructiva y de servicios. No-propiedad. Estigma social	Prestación de baja calidad y alto precio. Baja inversión inicial La inversión fue solo privada.	Las familias trabajadoras contribuyeron con sus magros ahorros a enriquecer a las familias ricas dueñas del conventillo
Villas miseria	Acción ambivalente entre la permisividad y la penalización:	Mercado laboral regula las migraciones y la movilidad espacial de la mano de obra. Submercados de tierras. Mercado de materiales	Actitud transgresora individual Relocalización y Asentamiento. "usurpación" Autoconstrucción espontánea.	Estatuto social de villero - proscripto - usurpador - Soluciones de mala calidad Desorden urbano y social Carencia de accesos y servicios de mala calidad - hacinamiento	Bajo nivel de inversión pública Buena ubicación de los lotes. Alto costo sanitario y de control urbano. Al to costo ecológico.	"Vivienda del pobre" - estigma; Espacio de los pobres: degradado tugurizado Costo totalmente a cargo del trabajador
Alquileres	Leyes y decretos	Oferta viviendas - acumula ganancias	Paga alquiler - es inquilino	Alta calidad constructiva	Alto costo económico. Bajo impacto ecológico.	Alta inequidad. Explotación del trabajador por sectores medios rentistas y especulación inmobiliaria
Créditos	Financia a bancos para conceder créditos hipotecarios	construye viviendas unifamiliares o complejos habitacionales regula la infraestructura comunitaria	Contrata individualmente o a través de su sindicato u asociación la construc- ción de la vivienda - paga mensualmente - es propietario -	Permite una adaptación a las necesidades familiares. La casa permite el crecimiento. La calidad constructiva es controlada por el beneficiario	La administración familiar permite una baja de costos económicos y sociales. Bajo costo ecológico.	Se restringe a las personas "sujetos de crédito". Empleados registrados de ingresos medios y altos.
Planes de vivienda	Diseña, financia y di rige la construcción de las viviendas y barrios definiendo la infraes- tructura comunitaria - adjudica las viviendas	Ejecuta la construcción de viviendas y la infraestructura a través de empresas capitalistas	Recibe viviendas termina das y paga mensual mente - participa como empleados en empresas o cooperativas	El chalé Argentino se adaptó social y culturalmente a la familia. Los barrios y las ciudades satélites se adaptaron al funcionamiento urbano. Bajo impacto ecológico fue	La relación costo beneficio es buena ya que la inversión pública fue alta pero los beneficios fueron altos.	El otorgamiento de vivienda a familias trabajadores y pobres financiadas con fondos públicos de rentas generales tuvo un claro sentido distributivo y progresivo.
Complejos habitacionales	Erradicación de villas Inversión en lotes urbanos. Planificación centralizada	Gran relevancia de las Empresas constructoras reactivación de los mercados inmobiliario y financiero	Actitud pasiva Aceptación pasiva del diseños inconvenientes Familia deudora social Propietario hipotecado	Estatuto social de asistido Hacinamiento - Vivienda sin crecimiento Inadaptación cultural degradación social y espacial: Viviendas castigo No hay un control del beneficiario	Mala calidad de materiales. Alto costo de construcción. Bajo costo de servicios. Alto costo ecológico	Financiación social del total de la vivienda. Contribución al sistema financiero Mala cobrabilidad
Asentamientos	Represión - penaliza ción; Legalización - regularización - Autoconstrucción asistida	Participación marginal del mercado inmobi-liario. Empresas pro ductoras de materiales de construcción	Actitud social y activa Autogestión Organización comunitaria Autoconstructores	Estatuto social de dignidad. Alta calidad de soluciones Baja densidad poblacional Viviendas con crecimiento Propietarios	Bajo costo de la tierra. Alto costo de servicios. Bajo costo de control urbano y de salud. Sostenibilidad ecológica	Financiación social de los materiales. Cobertura más universal, incluye sectores sin capacidad de ahorro ni de pago.

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