Edward Soja toma de Léfebvre estos conceptos fundamentales y construye a partir de ellos una reteorización acerca de la sociedad en general y del espacio y su epistemología en particular. Partiendo de la noción de alteridad, postula una nueva conceptualización de la sociedad en lo que denomina una trialéctica ya que, según expresa, el pensamiento que tenemos acerca del mundo ha venido constituyéndose dialécticamente sobre dos elementos: historicidad y socialidad (tiempo y ser) en detrimento de la espacialidad (espacio):

“Si bien en principio resulta una afirmación ontológica, la trialéctica de la Espacialidad, Historicidad y Socialidad (términos que sintetizan la producción social del Espacio, Tiempo y Ser en el mundo) se aplica a todos los niveles de formación del conocimiento, desde la ontología hasta la epistemología, construcción de teorías, análisis empírico y práctica social.”²⁶

De este modo, Soja continúa la línea de trabajo iniciada hace algunos años, en la búsqueda de la reafirmación de la espacialidad de la vida social, lo que le ha valido la acusación de “reduccionista espacial” al proponer la construcción teórica de un “materialismo geográfico”:

“En la reinterpretación del espacio y del tiempo, espacialidad e historia –aspecto tan prominente de la teoría social crítica contemporánea–, está la base para la formulación de un materialismo histórico y geográfico, una formulación más completa y equilibrada de un materialismo dialéctico que incluya a la historia y la geografía humana en tanto productos sociales, fuentes de conciencia política y campos de acción de la lucha social localizada.”²⁷

Esta es la base de una nueva teorización acerca de la relación entre sociedad y espacio. Soja afirma categóricamente que la espacialidad no puede ser comprendida y teorizada de manera apropiada, separadamente de la sociedad y de las relaciones sociales y, de manera inversa, que la teoría social debe poseer de manera central una dimensión espacial abarcadora.²⁸

En efecto, también desde algunas de las posiciones más respetadas de la sociología se postula la necesaria articulación dialéctica entre sociedad y espacio o, en palabras de Harvey, la conjugación de la “imaginación geográfica” con la “imaginación sociológica”.

Dice al respecto Anthony Giddens:

Aparece entonces con claridad la reafirmación de la espacialidad como componente fundamental de las relaciones sociales y no ya meramente –como se sostenía (y aún hoy se lo hace)–, al espacio como soporte o reflejo de otras relaciones sociales.

Espacio público

Así como la Geografía y las ciencias que se ocupan del espacio en general (como la economía espacial, el urbanismo, etc.) han basado tradicionalmente sus epistemologías en un espacio constituido material, racional y objetivamente, existe un campo de la espacialidad social abordado mayormente desde otros recortes disciplinares donde la aproximación epistemológica ha partido desde enfoques sustancialmente diferentes, por lo general independientes y no articulados: nos referimos al campo del Espacio Público.

Una de las interpretaciones del espacio público refiere a un ámbito de la sociedad en el que se discierne acerca de cuestiones que son de incumbencia de toda la comunidad. Es un ámbito de comunicación, de diálogo, y por ende de participación; es –siempre en este sentido– un espacio "vacío", que debe ser llenado por la comunidad mediante un aporte que por lo general consiste en "decir algo" acerca de esas cuestiones de índole común (y por eso comunitarias). Ese aporte consiste en la opinión de los miembros de la comunidad. De ahí que esta noción de espacio público esté estrechamente ligada a la de opinión pública.

Esta primera caracterización -si bien superficial- del concepto de espacio público tiene sus manifestaciones más explícitas en el ámbito de los medios de comunicación, incluyendo todas las posibles alternativas que este conjunto designa, los medios masivos (o mass media): radio, TV. prensa escrita, pero también, las muchas otras y diferentes formas que tienen los hombres de comunicarse entre sí o con el resto del mundo: el lenguaje (hablado, escrito, gestual) así como el lenguaje del arte, la música, la danza, el teatro, el cine, la poesía, la fotografía, la escultura, la arquitectura, etc.

El hecho de que habitualmente pensemos en los medios de comunicación sólo como aquellas estructuras que producen y difunden "información" a través de canales en cierto modo estandarizados y formales -medios de prensa o difusión, nos habla por un lado de la imposición en la sociedad de una idea creada por los grandes intereses asociados a ese tipo de medios y, por otra parte (consecuentemente), de una apropiación de ese ámbito que pareciera ser público (es decir, como opuesto a lo privado) justamente por parte de sectores ligados a intereses privados.
Al mismo, tiempo existe una cierta apropiación (ligada a cierto sentido de identificación) por parte de sectores que encuentran en los medios masivos un espacio de pertenencia, un lugar donde se los escucha y se los "atiende", sin la burocracia propia de las instituciones del Estado: "La escena televisiva es rápida y parece transparente; la escena institucional es lenta y sus formas (precisamente las formas que hacen posible la existencia de instituciones) son complicadas hasta la opacidad que engendra la desesperanza."³⁰

Esta aproximación a la idea de espacio público tiene su origen en la Europa moderna en relación a la lucha contra los Estados despóticos mediante el uso de nociones tales como "lo público", "virtud pública", "opinión pública" etc., como armas en apoyo de las libertades de los "ciudadanos" frente a las arbitrariedades del poder real y de la nobleza. Su devenir histórico hasta nuestros días es consistente con el ascenso de la burguesía y la doctrina liberal: Hablar de ‘lo público’ era dirigirse contra los monarcas y cortes sospechadas de actuar arbitrariamente, abusando de su poder y fomentando sus intereses propios y ‘privados’ a expensas del Reino. ³¹

Cuando encontramos en los orígenes del concepto de "lo público" una referencia a la lucha contra el poder del estado en el (nuevamente supuesto) nombre del interés general, observamos que, en definitiva, no ha habido en nuestros días sino una reformulación aparente de los contenidos que el concepto designa, ¿o acaso no hemos escuchado hablar miles de veces acerca de la libertad de prensa como garantía frente a las arbitrariedades del Estado? En este sentido el carácter público de la comunicación a nivel de masas (en el sentido de responder a verdaderos intereses generales, en el supuesto caso de que éstos existieren) está atravesado -en términos de Léfebvre- por la ilusión de transparencia.³²

Anteriormente mencionábamos que el espacio público puede remitir a dos epistemes claramente diferenciadas, al menos en lo que hace a su visualización en términos de sentido común. La segunda corresponde a la idea del espacio público como aquella "parcela" del espacio material que se conforma por el uso o por la norma como perteneciente a toda la comunidad/sociedad, particularmente a través de las posibilidades de su uso, aprovechamiento, accesibilidad, disfrute, permanencia, etc.
Como simples aproximaciones a esta caracterización podemos mencionar los "lugares de uso público" como calles y veredas, los "paseos públicos" como plazas, parques, etc., aquellos sitios donde se producen y reproducen vínculos sociales como la escuela, la universidad, etc., también aparecen aquí algunos sitios de recreación como lugares turísticos, áreas costeras y de playa, Parques Nacionales, etc.

Esta conceptualización del espacio público como lugar o territorio material de uso público encuentra en sus orígenes los campos de uso común o público que rodeaban las tierras de los señores feudales y que fueran utilizadas por los campesinos-vasallos para el pastoreo de sus animales. Entre las formas más utilizadas estaban las conocidas configuraciones del openfield (en Inglaterra) y bocage (en Francia).

Tras la caída del sistema feudal y con el advenimiento del capitalismo, la representatividad del pueblo a través de sus gobernantes como forma política trae aparejado también el traspaso del usufructo de las tierras públicas a la órbita del Estado, como "representante" o "depositario" de los intereses y deseos del pueblo que delega en éste su soberanía.

En ambas epistemes (espacio "geográfico/público", espacio "material/inmaterial", "objetivo/subjetivo") aparece una noción que, entendemos, no puede ser abordada desde una epistemología restringida a alguno de los dos campos mencionados (el material-objetivo y el ideal-subjetivo): es la noción de apropiación del espacio público.

La apropiación de lo público. Producto social privatizado

La indagación realizada nos ha llevado a la definición de un ámbito de apropiación del espacio público que se halla determinado por los procesos de apropiación privada de objetos y significantes de origen público. Donde aparece con mayor sentido la idea de “lo público” es en el campo de los servicios urbanos y de allí que las privatizaciones de servicios públicos remite a una de las formas más significativas de apropiación del espacio público.
Cualquiera sea el servicio (saneamiento, comunicaciones, transporte, red vial, salud, educación, seguridad, etc.) y cualquiera fuese su forma jurídica (concesión, permiso, licencia, transferencia, contrato, etc.) subyace siempre un concepto de público que remite a la idea de un servicio brindado a toda la sociedad y cuyo interés reside –fundamentalmente– en satisfacer una necesidad pública.

Esta noción de lo público asociado al desempeño del Estado, y su correspondiente resignificación a la luz de las transformaciones recientes en torno al ejercicio del poder político y la reestructuración del sistema capitalista internacional, deben ser considerados como un elemento estructurante en la comprensión de los procesos de apropiación del espacio público. Esto nos ha llevado a indagar acerca de los procesos de reformulación y reestructuración del Estado y las implicancias de dichas transformaciones en la constitución de lo público y la ciudadanía.

En el discurso político de nuestros días y, particularmente, desde ciertos ámbitos académicos, suele hablarse acerca de “el achicamiento del Estado”, “el retiro del Estado de sus funciones habituales”, etc., con relación a las nuevas modalidades formales, institucionales y políticas que adquirió el aparato estatal desde mediados de la década de los ochenta y que significó –en sentido amplio– la ruptura del modelo construido desde los treinta y, con mayor énfasis, en la segunda posguerra, al calor de las políticas keynesianas conformando uno de los pilares del régimen de acumulación fordista, denominado “Estado benefactor”.

En efecto, la conjugación de una serie de procesos político-económicos desde principios de siglo (revolución rusa, crisis del 29, ascenso de regímenes totalitarios) conllevó la necesidad de reformular al Estado, no porque necesitase ser legitimado en sí mismo –no hay necesidad de tal cosa, no hay capitalismo sin Estado– sino porque dichos acontecimientos configuraron la ruptura de la legitimación que había sido construida a lo largo del siglo XIX.

La forma que tomó está reformulación –materializada en regímenes políticos concretos–, consistió en la construcción de un entramado político-económico basado en dos pilares fundamentales: un acuerdo político que garantizase la democracia de masas, el sistema de partidos y la inclusión de corporaciones (empresarios y sindicatos); y una política económica sostén de dicho acuerdo, que consistió en la intervención estatal para lograr el pleno empleo y una inflación controlada, a través de las políticas de administración de la demanda.

El Estado tomó entonces la forma de un aparato capaz de sostener los componentes de dicho acuerdo que implicaba: para la izquierda y los sindicatos, el no cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción, así como el respeto de las relaciones laborales establecidas al interior del sistema productivo; y, para la derecha, el no cuestionamiento de la utilización de los recursos públicos en políticas sociales que le permitiesen administrar la demanda.

Esta compleja ingeniería política estuvo articulada en un todo y funcionalmente con el paradigma tecnológico imperante y las formas de relación capital-trabajo, dando lugar a una conjunción coherente de formas de regulación denominada “fordismo”.

Desde este marco, hablar de la crisis del estado benefactor es hablar de la crisis del fordismo. Ahora bien, tanto los regulacionistas como autores que suscriben a otros enfoques³³, difieren en cuanto a la forma que ha adoptado del régimen de acumulación a escala internacional tras la caída del régimen fordista, pero coinciden en que sea lo que sea o llámese como se llame el nuevo modelo, evidentemente no es más lo que alguna vez se llamó fordismo.

Sin embargo, pareciera que no sucede lo mismo con el Estado benefactor o, para ser más precisos, con la categoría “Estado” en general. Volviendo a lo enunciado en los párrafos anteriores, el Estado ¿se ha “achicado”?, es decir, es el mismo Estado, pero con una forma o un tamaño diferente?. Daría la sensación que estamos nombrando de igual forma a algo que es sustancialmente diferente, llamando con el mismo nombre a cosas diferentes. Probablemente no haya otra opción por el momento que seguir llamándolo así –Estado– pero nos parece que necesitamos reconstruir –si no un nuevo nombre– al menos una limitación categorial que de cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado.

Aunque la posibilidad de construir una nueva categoría del concepto “estado” excede el marco de este análisis parece al menos necesario reflexionar en torno a las transformaciones más importantes producidas en torno a lo que alguna vez denominamos Estado-nación y cuáles son sus principales implicancias en términos de construcción de escenarios de lo público y las representaciones que de estos se hacen los actores sociales.

Estado, capital y territorio (significación-configuración-materialización)

Los Estados en la actualidad, no se diferencian mucho de lo que podríamos denominar el momento constitutivo de los Estados-nación capitalistas por cuanto tienen claramente una referencia territorial, están asociados a una idea de territorio que, en sus límites, diferencia a un estado de otro estado. Es evidente que, más allá que todas las transformaciones que trae aparejada la idea de “globalización”, esta asociación entre “estado” y “territorio” no ha sufrido modificaciones, al menos en el plano formal.

Sin embargo, mucho se discute en cuanto al poder que dichos estados tienen para ejercer un control real sobre un territorio. Por un lado, aparece el argumento de los organismos “supranacionales” (FMI, ONU, etc.) que constituirían órganos de gobierno que someten a los estados nacionales a sus designios; o, tal vez con una simplificación aún mayor, los estados nacionales han perdido poder debido a la “globalización”:

“vivimos ahora en un mundo sin fronteras, en el que el Estado-nación se ha convertido en una ‘ficción’ y los políticos han perdido todo poder efectivo.”³⁴

Estas afirmaciones, cuando no consisten lisa y llanamente en discursos de derecha tendientes a ejercer influencia sobre la opinión pública o sobre la clase política en procura de un mayor liberalismo –cuando no directamente en favor de alguna corporación en particular–, presentan al menos el siguiente interrogante: ¿hablamos de todos los Estados?, ¿hablamos del “Estado” en general, como algo único e indiferenciado?.

Coincidimos con Holloway, cuando afirma la importancia de interrogarse acerca del porqué de esta idea de unidad/homogeneidad cuando se habla del Estado:

“Los Estados parecen ser entidades separadas bien definidas, y sin embargo hablamos de la reforma del Estado o la crisis del Estado como si hubiera uno solo, asumiendo algún tipo de unidad entre eso que parece estar separado.”³⁵

En nuestro caso, nos interesa en particular preguntarnos si existe tal cosa como el Estado, con algún sentido de universalidad y, por otra parte, ¿le cabe entonces el mismo concepto al Estado benefactor y al Estado neoconservador?

Trataremos de responder a estos interrogantes partiendo de una definición un tanto restringida: el Estado como garante de la reproducción del conjunto del capital.

Ya hemos dicho de qué forma operó el conjunto de políticas estatales en articulación con los demás vectores del sistema productivo durante la etapa fordista, lo que debemos ahora remarcar, es que este conjunto de acciones tuvo como sustrato un territorio, particularmente, el territorio del Estado-nación:

“… el eje de la acumulación durante el fordismo había requerido del autocentraje estatal, constatando que, más allá de sus posibilidades de movilización cuando adopta las formas de capital-dinero, o capital-mercancía, el capital productivo (esto es, la capacidad de producir excedentes) se valoriza sobre un espacio territorial.”³⁶

En efecto, las tres formas que adquiere el capital en su proceso de circulación: capital-dinero, capital-mercancía y capital productivo (materias primas, maquinarias y fuerza de trabajo) se relacionan en forma inversamente proporcional con el tiempo y el espacio. De este modo, el capital-dinero circula a altas velocidades y prácticamente no tiene arraigo alguno en el territorio, en tanto que el capital transformado en medios de producción tiene una movilidad mucho más lenta producto de su necesaria inserción territorial; finalmente, el capital mercancía se encuentra en un punto intermedio por cuanto encuentra ciertos obstáculos a su movilidad territorial (aunque más no sea la necesidad de ser transportado) y por lo tanto su circulación presenta cierta lentitud.

Por cuanto los Estados nacionales pugnan hoy por capturar porciones de capital global lo más grande que les sea posible, aparece la contradicción entre la inmovilidad de los estados y la altísima movilidad del capital global:

“Mientras los Estados nacionales son sólidos, el capital es esencialmente líquido, fluyendo a cualquier lugar del mundo para obtener la mayor ganancia.”³⁷

Sin embargo, como hemos visto, no todas las formas que asume el capital pueden moverse con semejante facilidad y rapidez. El capital productivo necesita asentarse territorialmente y por lo tanto, tiene una movilidad menor. Pero al mismo tiempo, es el único capaz de generar excedentes. De modo que, lo que puede ser ”útil” para una fracción de capital o para un Estado en particular no lo es necesariamente para el capital en su conjunto. El Estado debe “comportarse” de manera tal que asegure la reproducción del capital en su conjunto y la reproducción del capital en su conjunto depende, de manera crucial, de su transitoria inmovilización en la forma de capital productivo³⁸. Aparece entonces una doble contradicción: por el lado del capital global, una necesaria libertad de movimiento en oposición a una necesaria inmovilización con el objeto de generar plusvalor; por el lado del Estado, garantizar la circulación del capital global, frente a la necesidad de producir “rugosidades” que le permitan capturar una parte del capital circulante (y “mejor” aún si es capital productivo).

Bajo este punto de vista, podemos concebir al proceso de “reforma del Estado” (o la constitución de lo que denominamos “Estado neoconservador”) como el proceso permanente de adaptación/ruptura de la contradicción entre Estados-nación territorialmente arraigados frente al capital global espacialmente libre.

Puesto que durante el período fordista el capital tuvo mayores obstáculos para movilizarse y la forma capital productivo generó las mayores tasas de ganancia (en el marco de mercados de masas en expansión), el Estado se constituyó en torno a los tres elementos ya descriptos (acuerdo político, política económica y articulación con el régimen fordista) que giraban evidentemente en condiciones “nacionales” de producción y que a su vez garantizaban la reproducción del capital en su conjunto.

Está claro que esta forma de regulación estatal no fue homogénea ni carente de conflictividad, pero permitió un desarrollo de la producción capitalista que no tuvo parangón en la historia.

La forma que adquiere el Estado neoconservador parece ser sustancialmente diferente. ¿Lo es? No, si lo consideramos desde el punto de vista de las estructuras que crea y organiza para asegurar la reproducción del capital. Sí, si consideramos que la gran transformación procede de la necesidad de adaptarse a los nuevos caminos que tomó el capital, una vez que se hubo liberado de las ataduras a que estaba sometido.

Ciudadanía, política y mercado

La forma en que el Estado se materializa, esto es, un régimen político concreto, necesita construir una legitimidad que permita, ante todo, su propia reproducción. Una de las formas de esa legitimidad en los países donde está plenamente generalizada la mercancía, en donde la fuerza de trabajo es mercancía, en su totalidad y plenamente, la fuente de legitimación denominada legitimación mercantil está dada por la capacidad de cada régimen político de garantizar un acceso libre e igualitario a las mercancías.

Esto trae aparejado una fuerte identidad entre ciudadanía y consumo, y permite dar cuenta que el mismo proceso de desterritorialización que presenta el capital global opera en la construcción de sentidos políticos: lo que legitima al poder político en última instancia no es el Estado sino el capitalismo que este Estado garantiza. Nuevamente aparece aquí la contradicción entre procesos de fuerte contenido territorial y movimientos de escala global.
No olvidemos que el poder político se sigue ejerciendo en mayor o menor medida sobre un territorio definido y que la base del poder político en regímenes democráticos (democracia y capitalismo parecen estar cada día más fuertemente asociados) está en los votos de los ciudadanos (aquellos que tienen derechos adquiridos en virtud de su lugar de nacimiento, etc.); pero por otra parte, la legitimidad reside en garantizar la reproducción de un capital que no reconoce fronteras ni nacionalidad: el dinero no reconoce sentimientos personales ni nacionales.³⁹

El concepto de ciudadanía remite entonces a una idea ligada muy fuertemente al espacio (o mejor dicho a un espacio en particular: el territorio nacional). Los ciudadanos que habitaban la Polis en la antigua Grecia eran aquellos que habitaban la ciudad y por ello eran quienes participaban en la escena política. Pero el sentido de ciudadanía en nuestros días trasciende aquel origen para convertirse también en un sentido de identidad:

"Ser ciudadano no tiene que ver sólo con los derechos reconocidos por los aparatos estatales a quienes nacieron en su territorio, sino también con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades." ⁴⁰

Pero ese sentido de representación a través de la identidad, del sentido de pertenencia y de diferencia, de territorialidad (nacional, étnico, barrial) ha sido socavado, en la misma magnitud en que fuera socavada la idea del Estado (y junto con éste el de nación) como ámbito de reconocimiento de pertenencia por parte del pueblo. No sólo el Estado se manifiesta ineficiente para asumir la identidad de un grupo social, también la política aparece como desacreditada en la tarea de organizar las relaciones entre los grupos sociales.

“Hasta hace pocos años se pensaba como alternativa la mirada política. El mercado desacreditó esta actividad de una manera curiosa: no sólo luchando contra ella, exhibiéndose más eficaz para organizar las sociedades, sino también devorándola, sometiendo a la política a las reglas del comercio y la publicidad, del espectáculo y la corrupción.” ⁴¹

De esta manera, desde el momento que el Mercado reemplaza al Estado, comienza a aparecer como insuficiente la ciudadanía como sentido de identidad, pertenencia y diferenciación, lo que otorga identidad y pertenencia es la relación con el mercado, es decir: el consumo. García Canclini encuentra que la ciudadanía en términos jurídico-políticos no satisface plenamente las aspiraciones de identidad de los ciudadanos y por ello, aparece la necesidad de defender la construcción de ciudadanías culturales, y de una multiplicidad de formas de ejercicio de la ciudadanía como el género, la defensa del medioambiente, etc. hasta "...seguir despedazando la ciudadanía en una multiplicidad infinita de reivindicaciones." ⁴² Y debido justamente a la incapacidad del Estado para encuadrar la variedad de participaciones, el mercado asume esa función estableciendo "un régimen convergente para esas formas de participación a través del orden del consumo." ⁴³

Pero lo que debe aparecer con claridad en estas nuevas formas de ejercer la ciudadanía a través del consumo es que la insatisfacción que provocan las formas tradicionales de representación (a través de los partidos políticos, los sindicatos, etc.) y su "reemplazo" por el consumo no reporta necesariamente (más bien todo lo contrario) una mayor igualdad los términos de representación de los distintos sectores.

De hecho, no han sido totalmente reemplazadas las formas "convencionales" de ejercer la ciudadanía y muchos sectores pugnan por acceder a la forma "nueva" de representación mediante los canales "antiguos" a través de la lucha en términos de representación y ejercicio de la política. Aún así lo significativo es que, en las acciones que los individuos y los grupos ejercen en la búsqueda de su identidad y de un marco cultural que le otorgue "representatividad", el mercado ha venido ocupando en los últimos años un lugar de privilegio. De hecho los medios de comunicación (en particular los de alcance masivo), que otrora significaron la posibilidad de tener acceso a la información para sectores que se incorporaban a la vida social a través de su alfabetización y su ingreso a la cultura "letrada" hoy conforman un elemento de enorme significatividad en el aparato del consumo variando en su contenido de "lo público" a la publicidad.

Así, el espacio público que alguna vez se ejerció (o ejercitó) a través de la ciudadanía en forma de representación política, hoy asume la forma de representación cultural mediante el consumo, pero mantiene absoluta vigencia el desigual acceso a esta nueva forma de ser en la sociedad.

“La pérdida de eficacia de las formas tradicionales e ilustradas de participación ciudadana (partidos, sindicatos, asociaciones de base) no es compensada por la incorporación de las masas como consumidoras u ocasionales participantes de los espectáculos que los poderes políticos, tecnológicos y económicos ofrecen en los medios.” ⁴⁴

Tal vez estos discursos acerca de las nuevas modalidades de ejercicio de la ciudadanía nos lleve a pensar a un panorama desolador para los sectores subordinados en el capitalismo “periférico”, en el marco de una “globalización” cada vez más acentuada y con efectos cada vez más perversos, para aquellos sectores que, además de sufrir las consecuencias materiales de los procesos de ajuste y exclusión que limitan a las mayorías al acceso a los medios indispensables para una subsistencia digna, ven mermadas sus posibilidades de representación en la sociedad global, despedazándose en última instancia aquello que quizá creyeron imposible de serles arrebatado: su identidad. Desde una perspectiva que incorpore la necesidad de una praxis que se dirija hacia la desaparición de ambas formas de exclusión social se puede pensar que el énfasis está puesto finalmente en el acceso al consumo como forma de legitimación política del Estado neoconservador.

Algunos autores como Jorge Huergo, critican el enfoque que equipara ciudadanía con consumo y sostienen que las narrativas hegemónicas acerca de la ciudadanía postulan un descenso en las formas públicas de ejercicio de la ciudadanía e impulsan una estrategia de "repliegue" por parte de estos sectores excluidos hacia esferas "micropúblicas". En este contexto la ciudadanía ejercida a través del consumo oculta algunas dimensiones del conflicto en la lucha por el acceso a dicha ciudadanía:

“Se trata de evitar la lucha en la constitución del espacio público. La «esfera pública» es un tipo particular de relación espacial entre dos o más personas con los medios, en el que irrumpen controversias no violentas con el poder. (...) La lucha por la ciudadanía como lucha por el consumo es ciertamente un aspecto determinante en la significación de los modelos neoliberales cuya narrativa obedece a la «moral» del mercado. Lo que parece ocultar esta perspectiva de vinculación ciudadanía/consumo es la lucha anterior y contemporánea al consumo, constitutiva del consumo, que marca a fuego en los cuerpos situaciones de significación y de propiedad material desiguales (antes que diferentes).

La postulada "libertad" del consumidor frente al aumento de la oferta de bienes, puede operar un doble encubrimiento: de la falta de posibilidad de elección frente a la producción de ofertas (que es encubierta con una sobreabundancia de ofertas) y de la exclusión o postergación de amplios sectores respecto del consumo, que a su vez pone de manifiesto la falta de libertad y la desigualdad de oportunidades.” ⁴⁵

Tenemos entonces que la legitimación de los regímenes políticos encuentra al interior del sistema capitalista (es decir, en un sistema basado en contradicciones) una nueva contradicción en el seno del arraigo político territorial de los Estados nacionales. La necesidad de crear condiciones que atraigan al capital global (y en lo posible que lo retengan) ha adquirido en nuestros países periféricos y bajo la forma del ajuste estructural neoconservador, el signo de la exclusión la fragmentación y la miseria. Si la base de tal legitimación es el acceso al consumo, ¿significa que el Estado debe optar entre el capital “global” y la sociedad “nacional”? Si fuera así, tal parece que la elección ya tiene un resultado.

Sin embargo, cuando se apela al concepto de “lo nacional” conviene recordar, siguiendo a Holloway que la explotación no es la explotación de los países pobres por los países ricos, sino la explotación del trabajo global por el capital global…⁴⁶

Pero retornemos ahora a los interrogantes que iniciaron este tramo de nuestra investigación: el nuevo orden internacional establecido tras la caída del fordismo –el “Estado neoconservador– ¿constituye una nueva forma de aquel “Estado benefactor”? ¿Podemos utilizar las mismas categorías analíticas para designar a uno y otro “modelo”?

Decíamos en un pasaje de nuestro trabajo que podíamos concebir al Estado como garante de la reproducción del conjunto del capital. Bajo esta premisa, parecería que lo que ha cambiado es la forma en que se desenvuelve el capital o, más específicamente, la preeminencia del capital financiero por sobre el capital productivo (entendiendo lógicamente que no constituyen dos formas “absolutamente” distintas sino que se transforman una y otra vez) y por lo tanto, el Estado se ha transformado en consecuencia.

En la medida en que sigue atado a un territorio, la contradicción se incrementa, no sólo porque se opone al carácter móvil del capital global, sino que implica también la contradicción entre su función reproductiva para el conjunto del capital y las necesidades de legitimación de los regímenes políticos concretos, esto es: la garantía del acceso a la ciudadanía.

Esta nueva forma de pensar las formas de legitimación del Estado y las implicancias que sus transformaciones en el campo de la lucha por la ciudadanía y el ejercicio de derechos y libertades públicas, nos encuentran una vez más en la esfera de la apropiación de lo público. Cómo hemos dicho, la forma de apropiación de productos sociales públicos es en nuestros días por excelencia la privatización de servicios urbanos. La articulación entre formas de representación pública y adecuación de la estructura del Estado a los requerimientos del capital se aprecia claramente en estos casos. Aún cuando sostenemos la necesidad de no olvidar el carácter contradictorio de este doble rol del Estado, la búsqueda de comprensión acerca de los fenómenos que se manifiestan como producto de tales transformaciones nos lleva una vez más al campo material de las relaciones sociales de producción.

¿Cómo se manifiesta la apropiación del espacio público en el caso de la privatización de servicios urbanos?

Los servicios urbanos cumplen con la función de brindar condiciones necesarias para la vida en la ciudad, tanto desde el punto de vista de la calidad de vida de sus habitantes, como del brindar aquellos elementos necesarios para el desarrollo de actividades productivas. En la actual etapa de “capitalismo tardío”⁴⁷ la satisfacción de esas necesidades se ha convertido en un campo altamente rentable en términos de obtención de beneficios para el capital, y constituye en sí mismo un sector productivo de gran dinamismo. Sin embargo, el desarrollo de estas actividades, sus estructuras, redes y objetos –materiales e inmateriales– son producto de una conformación histórica en donde el carácter de “público” esta fuertemente ligada a la actividad del Estado y, consecuentemente, a una significación social resultado de procesos sociales y políticos además de económicos. Desde este punto de vista, la sociedad ha construido un entramado de estructuras y significantes –producto social– que se encuentran hoy bajo la órbita privada capitalista –bienes-mercancía– y que constituyen “condiciones generales de la producción”.

El concepto de “condiciones generales de la producción” refiere a aquellos elementos necesarios para la producción y reproducción del sistema capitalista que por ciertas características particulares que analizaremos a continuación, siendo imprescindibles para el funcionamiento del sistema, no contribuyen a la extracción y acumulación de plusvalía y por lo tanto no pueden ser producidos por los propios agentes capitalistas privados.

En efecto, la producción bajo el modo capitalista –en particular en la industria, está asociada desde sus orígenes a la urbanización, en tanto las ciudades o, en sentido más amplio, el sistema urbano, se constituyen como forma de asentamiento humano en el que se acumulan y concentran, no sólo factores de producción como capital y trabajo, sino una cantidad de valores de uso que, bajo determinadas condiciones y bajo una particular configuración espacial se presentan como valores de uso complejo denominados efectos útiles de aglomeración:

“… para el capital el valor de uso de la ciudad reside en el hecho de que es una fuerza productiva, porque concentra las condiciones generales de la producción capitalista. Estas condiciones generales a su vez son condiciones de la producción y de la circulación del capital, y de la producción de la fuerza de trabajo. Son además el resultado del sistema espacial de los procesos de producción, de circulación, de consumo… Este sistema espacial constituye un valor de uso específico diferenciado del valor de uso de cada una de sus partes consideradas separadamente; es un valor de uso complejo que nace del sistema espacial, de la articulación en el espacio de valores de uso elementales. Llamaré a esos valores de uso complejo, efectos útiles de aglomeración.”⁴⁸

Estos elementos están constituidos por un conjunto de servicios con sus soportes físicos, necesarios para la producción y para la reproducción del capital tales como la infraestructura de transportes, la estructura vial, la provisión de energía, y para la reproducción de la fuerza de trabajo (mano de obra) como servicios educativos, de salud, recreativos, etc.⁴⁹, pero también con las redes de relaciones sociales que permiten la socialización de estos elementos, y su aprovechamiento por parte de las fracciones privadas de capital.

Pero como hemos dicho, cada fracción particular de capital, no está en condiciones de producir estos elementos “imprescindibles”. Existe una serie de limitaciones producto de una combinación de factores de orden “técnico” y “económico” (entendiendo la imposibilidad de establecer una frontera precisa entre ambos campos): por lo general, estos elementos son “inmóviles, durables, indivisibles” ⁵⁰ constituyendo un obstáculo para la transformación de estos valores de uso en mercancías. Por otra parte, tienen una composición orgánica demasiado elevada⁵¹ y un período prolongado de rotación del capital que determinan una baja tasa de ganancia, así como la imposibilidad de adaptar su producción a las fluctuaciones del mercado. En este sentido, el capital tiende a reproducir las desigualdades producidas por la desinversión en regiones de baja rentabilidad:

“El capital sólo invertirá donde ya se dan condiciones de rentabilidad. No invertirá en otra parte. Lo que va a bloquear el desarrollo en las zonas que no lo están. A raíz de esto se produce una desigualdad en el desarrollo espacial de las infraestructuras: es el círculo vicioso de la hiperconcentración en las megalópolis y el desierto económico en otras partes.” ⁵²

A estos factores se agregan dos obstáculos (particularmente en el caso de infraestructuras de red), la imposibilidad de competencia entre distintas fracciones de capital y una necesidad de uso continuo del suelo.

Pero debe tenerse en cuenta, además, que el capital individual persigue ante todo la ganancia, por lo que la búsqueda de beneficios privados se constituye en un obstáculo para la formación de valores de uso necesarios para el funcionamiento del sistema, pero que no producen plusvalor:

“…cada capital privado busca la ganancia, pero al hacerlo, obstaculiza la formación de efectos útiles de aglomeración.”

Finalmente, existe otro elemento que dificulta la formación de estos valores de uso complejo y es la renta. La posibilidad de extraer ganancias extra debido a una particular localización o articulación espacial de determinadas actividades está dada precisamente por la irreproductibilidad de dichas localizaciones (es decir, los efectos útiles de aglomeración), pero cada fracción de capital se apropia en forma privada de esos beneficios rentísticos, dificultándose en consecuencia su socialización:

En definitiva, las contradicciones que se establecen entre el aprovechamiento privado de los efectos útiles de aglomeración y la imposibilidad de ser producidos por los agentes capitalistas privados tienen como forma de resolución la intervención del Estado. Éste actúa proveyendo las infraestructuras necesarias para la valorización del capital individual y dotando a la ciudad de los servicios necesarios para atender aquellos aspectos de la reproducción y adecuación a las necesidades productivas de la fuerza de trabajo que el salario no alcanza a cubrir.
Debe considerarse además que el financiamiento público de estas condiciones no parte sino de la captación por parte del Estado de recursos que obtiene de toda la sociedad, socialización que se amplía por el hecho de que la tributación suele ser regresiva antes que progresiva, es decir, no tributa más aquel que más riqueza posee sino que por el contrario, la carga es proporcionalmente más alta para quien menos posee.

Conclusiones (provisorias). Nuevos interrogantes ante nuevas formas de desigualdad

La complejidad inherente a las relaciones sociales y, en particular, las formas de apropiación de los productos sociales (materiales o culturales) nos coloca ante el desafío de construir nuevas formas de conceptualizar y explicar la realidad que den cuenta de los cambios que aparecen al interior de esas relaciones. Esto adquiere especial relevancia cuando, como en este caso, los términos diferenciales de apropiación determinan entre otras cuestiones estructuras sociales profundamente desiguales.

El abordaje del espacio público y las distintas formas de apropiación en torno a éste requiere entonces de instrumentos teóricos y epistemológicos que superen las visiones sesgadas por alguno de los enfoques "objetivos" o "subjetivos", en particular en lo que hace a la materialidad de la espacialidad social. El análisis del espacio público implica necesariamente como primera instancia la construcción de instrumentos teóricos y metodológicos que permitan una correcta indagación acerca de la articulación de esos componentes en el marco de estas espacialidades.

Si bien algunos de los procesos de apropiación de lo público que se dan en la actualidad pasan por una apropiación privada "objetiva" (en el sentido de material), como en el caso del proceso de privatización de los activos estatales -en particular en los servicios públicos- existen otros casos donde las formas de apropiación de lo público no aparecen objetivadas en estos términos sino que, por el contrario, la apropiación aparentemente subjetiva (apropiaciones culturales, simbólicas, etc.) encubre procesos de apropiación material y segregación espacial.
En cualquier caso, son las condiciones materiales estructurales las que determinan las formas que presentan los escenarios que de éstas se desprenden, y su comprensión un componente indispensable a la hora de una praxis que pretenda transformar esta realidad tan profundamente injusta.

Los estudios culturales que recientemente han (re)aparecido en el campo de la Geografía constituyen un sólido aporte para dicha praxis, no obstante, los fulgores que éstos desprenden no deberían obrar en un sentido somnífero, por el contrario deben sacudir nuestro letargo para enmarcarse en un interjuego que recupere otras tópicas que constituyeron con anterioridad parte fundamental del objeto de nuestra ciencia: el capitalismo, la explotación y la miseria.

Concluimos por eso nuestro trabajo con una cita de Fredric Jameson, uno de los intelectuales que con mayor compromiso intelectual se ha sumergido en el estudio de la posmodernidad y que ha indagado con persistente lucidez en las turbulentas aguas de la globalización:

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