El escenario actual de pandemia, la crisis socio-sanitaria que representa y las medidas de aislamiento social determinadas por el Estado Nacional nos plantean nuevos desafíos en torno a las políticas públicas y sociales en todas las áreas.

En materia de violencias de género, el contexto actual presenta características específicas que implicaron un agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres y personas del colectivo LBGTIQ+ respecto a la vulnerabilidad y riesgo de encontrarse más expuestxs a la violencia machista.

En primer lugar, la situación actual muestra que si bien a nivel absoluto se evidencia un sostenimiento de la cantidad de femicidios (directos, vinculados y trans-travesticidios) respecto al 2019, la disminución de los demás delitos pero también de toda interacción social nos hace preguntar si es correcto pensar que ese sostenimiento no implica un agravamiento de la situación. En términos concretos, sin embargo, hay que resaltar que el femicidio, como expresión más cruda de la violencia de género no puede ni debe ser el único índice respecto a la situación. Sumado a esto, sí puede decirse en términos concretos que se ha incrementado fuertemente la demanda a nivel social y estatal de la asistencia por violencia de género, expresada en el incremento de llamados al número 144 de aproximadamente el 40% y lo expuesto por organizaciones barriales, que en algunos casos hablan de que se duplicó la demanda.

Ahora, bien ¿cuáles son las dimensiones por las que este escenario puede pensarse como de mayor riesgo? En primer lugar, como ha sido ya expuesto por en muchas oportunidades, para muchas mujeres el “quedate en casa”, lejos de ser una consigna de protección es una exigencia de convivir a puertas cerradas con sus agresores. Agresores que puede ser sus parejas, ex parejas, padres, hermanos, hijos, nietos, etc. Como podemos imaginar, la obligación de permanecer en el hogar expone el riesgo constante a ser sometidas a violencias en el ámbito del hogar.

Cabe aclarar en esta instancia que, como decíamos, si bien el femicidio es la cara más feroz de la violencia de género, no son las violencias física y sexual las únicas modalidades de violencia machista que vulneran la vida de millones de mujeres a diario. Es preciso dimensionar también en este marco las violencias psicológica, social, económica, simbólica, y otras, con graves consecuencias en el desarrollo cotidiano, la autonomía y proyecto de vida de las personas. Dicho de otro modo, que representan daños a la integridad en sentido amplio. Estas otras violencias no sólo tienen consecuencias en sí mismas, sino que también operan como la base simbólica y el reaseguro estructural para las primeras.

Siguiendo con las dimensiones que presenta el contexto actual, podemos afirmar que la crisis socio-sanitaria ha significado una agudización de la desigualdad y la exclusión de muchos sectores que a nivel socio-económico se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Los sectores populares, cuya reproducción cotidiana puede encontrarse determinada por circuitos informales de la economía, padecen del aislamiento consecuencias directas en los platos de comida en sus hogares. En ese marco, como la segunda dimensión de esta problemática, para muchos varones encontrarse impedidos de realizar tareas remuneradas y traer ingresos económicos al hogar puede presentarse como un desafío al mandato de masculinidad (de hombres proveedores). Asimismo, si en el mejor de los casos la remuneración persiste pero no la salida del hogar, este varón es también encontrado en una encerrona de “improductividad”.
A este nivel entonces, el desafío o crisis del mandato de masculinidad (dimensión central de la estructura patriarcal) puede ser reemplazada o reforzada con el ejercicio de la violencia hacia mujeres, niñxs, personas mayores o con discapacidad. El patriarcado les ha enseñado (y ellos lo han reproducido) que la competencia, la productividad, la fuerza, la dominación, son caras de la misma moneda. Así entonces, este desafío presenta la posibilidad del incremento de la violencia.

La tercera dimensión que deseo señalar tiene que ver con aquello que padecemos la mayoría de nosotrxs durante el aislamiento. Se trata de cierto padecimiento psíquico o subjetivo derivado de la situación de encierro y de incertidumbre. Esto implica la inminente necesidad de encontrarse, de acompañarse y de sostenerse. En vínculo con lo señalado en el párrafo anterior, la modalidad de resolución de los conflictos o frustraciones de muchos varones puede presentarse mediando el ejercicio de la violencia. Sumado a esto, para muchas mujeres muestra respecto al mandato de rol de cuidado, la obligación de ser sostén subjetivo. Así entonces, las estructuras simbólicas de qué se espera de un hombre y de una mujer frente a cada situación (los mandatos, los roles asignados), condicionan en este contexto a la posibilidad de un mayor sometimiento.

En cuarto lugar, el escenario actual expone también una crisis de los cuidados. Como sabemos, en la mayoría de los casos son las mujeres quienes desempeñan tareas (no remuneradas, dicho sea de paso) de cuidado y domésticas en la familia. La permanencia en el hogar, implica una sobrecarga para esas mujeres, quienes se encuentran teniendo que responder ante la presencia de lxs niñxs en el hogar, sus tareas educativas, alimentarias, de entretenimiento, etc. Por otro lado, es muy común que en los contextos de crisis socio-económicas, sean las mujeres a nivel comunitario quienes (quizá como extensión de la función asignada de cuidados) se ocupen de comedores y organizaciones para sostener a las demás familias. Así entonces, mientras los varones duelan su rol de proveedor reemplazándolo con el uso de la violencia, las mujeres se ven sobrecargadas de tareas no remuneradas. Por otro lado, algunas mujeres pueden encontrarse también realizando tareas remuneradas, esto potencia su exigencia y si estas deben realizarse a distancia desde el hogar, presenta mayores dificultades aún.

Respecto al espacio doméstico, es preciso señalar otro aspecto. Si bien el hogar para muchas mujeres se presenta como el lugar de la opresión, es también un ámbito de resistencia. Ser quien se ocupa de la organización de lo doméstico, tener ese control cotidiano (sobre todo en ausencia del varón) en el mejor de los casos es también un espacio de desarrollo de redes y de autonomía. La presencia del varón cotidianamente irrumpe esa posibilidad, cercenando encuentros ante la posibilidad constante del control sobre esos espacios.

Por último, como sexta dimensión de la violencia en el ámbito doméstico en el contexto actual, deseo señalar un punto central: la ruptura de los vínculos intersubjetivos y redes sociales/comunitarias que se presenta en el marco del aislamiento. Claro está que en muchos casos la permanencia en el hogar implica necesariamente la ruptura de lazos y redes cotidianas, presenciales, de sostenimiento, acompañamiento y asistencia. En este caso no sólo se trata de una asistencia concreta y material en términos de estrategia de subsistencia, ni tampoco sólo respecto a la posibilidad de pedido de ayuda de muchas mujeres que se encuentren en situación de violencia. Sumado a esto, la red social y afectiva, y la comunitaria, como espacios de circulación cotidiana, significan para las mujeres no sólo ámbitos de autonomía y sostén, sino también otros vínculos en los que pensarse respetada, valorada, querida, y a partir de los que es posible generar una desnaturalización de la violencia cotidiana y un proyecto de vida alternativo. Si una de las formas y consecuencias del ejercicio de la violencia machista es el cercenamiento de las redes de las mujeres (alejarlas de las familias, las amigas, etc), cuando esta dimensión se refuerza, el riesgo y la vulnerabilidad aumentan. En vínculo con el párrafo anterior, puede decirse que, al igual que en la dimensión anterior, el riesgo aquí se presenta ante el cercenamiento de un factor protector.

Hecho entonces un diagnóstico, es preciso comenzar a elaborar las alternativas. Lo expresado en los párrafos anteriores respecto a las reflexiones en torno a las dimensiones actuales de la problemática, nos presenta entonces la necesidad de delimitar espacios y formas posibles de intervención. Esto se plantea en tres ejes: como prácticas posibles en todos los espacios (eje individual/subjetivo), como recursos institucionales y los desafíos de trabajo en ellos (eje institucional/interventivo), y en términos de políticas sociales e intersectoriales (eje estatal/de planificación).

La violencia de género, la violencia machista, es de base culturar y simbólica. Su sostén, su herramienta de acción y legitimación es la de los significados (asociados a prácticas) que promueven y naturalizan la sumisión y maltrato hacia las mujeres. Primero entonces, es menester en el plano individual (y no por ello menos político) disputar lo simbólico asociado a los géneros y llevar adelante dos acciones. En primer lugar disputar la tolerancia a la violencia machista, sea esta de cualquier tipo y en cualquier espacio.

Parece quizá algo obvio, sin embargo no llegamos a dimensionar el alcance que esa tolerancia tiene para el ejercicio de nuevas y más violencias, y el impacto problematizador que tiene una intervención a tiempo. Un chiste, un silencio, un comentario, acoso, menor pago, discriminación en función de tareas, control sobre la sexualidad o cualquiera sus otras expresiones. En segundo lugar, y como contrapeso a socavar el modelo de masculinidad vigente, debemos promover y desarrollar espacios para otras y nuevas masculinidades. Masculinidades compañeras, sensibles, conciliadoras, que no le temen al dolor y se enfrentan a la frustración, varones que aceptan saberse diversos y cuestionan privilegios y jerarquías simbólicas.

Como se decía, el encierro presenta el riesgo de violencia como resolución de conflictos y frustraciones en términos de mandato de masculinidad, y además expone a una crisis de cuidados. ¿Por qué no ver también este en contexto una oportunidad para la presencia de los varones en el hogar en términos de compartir de las tareas domésticas y de cuidado, desafiando ese mandato y ejercitando otras formas de ser varón? Se presenta entonces la oportunidad de desarrollar nuevos roles en el hogar, como una forma de desafiar la base cultural pero también de disminuir la violencia que implica la exclusiva responsabilidad sobre esto para las mujeres.

En segundo lugar, respecto al plano individual/subjetivo, como decíamos más arriba, una de las dimensiones principales de riesgo en este contexto es el asilamiento a nivel ruptura de lazos y redes. En ese punto el desafío debe ser también el de promover el encuentro y romper el aislamiento a nivel vínculo subjetivo. Disponer la escucha, la contención y desarrollar otros medios para esto, otras formar de conectarnos y contactarnos, de sabernos presentes y atentxs. No ceder ante el aislamiento permitirá desplegar la posibilidad de mostrarle a esa mujer otra imagen de sí misma que abra el camino para desnaturalizar violencias y avanzar en procesos de autonomía. Esto se consigue encontrando la manera de hacerse saber presente.

Para quienes nos desempeñamos en organismos o dispositivos abocados a la intervención en esta problemática, los desafíos implican no sólo estos dos ya expresados, sino otros de base institucional/interventiva. Se nos hizo notorio en este contexto la fuerte necesidad de conformar nuevas y mejores redes, de promover el vínculo con instituciones que impliquen la posibilidad de un abordaje multidimensional y complejo en una problemática que lo es. Esto implica vincularnos con las organizaciones barriales y comunitarias, y con espacios estatales, en cualquiera de sus niveles; comprometerse con instituciones que aborden lo habitacional, lo asistencial, la salud y cualquiera de las dimensiones de vulneración de derechos. La generación y fortalecimiento de redes a nivel institucional es la herramienta más eficaz e integral que podemos desplegar cuando intervenimos en problemáticas complejas. También es importante resaltar que la vinculación no se supedite al área es la posición que más puede fortalecer un abordaje integral en los espacios en los que nos encontramos. Finalmente, otro desafío es el de apostar fuertemente al trabajo interdisciplinario para alimentarse de otras miradas y para despojarnos de los abordajes únicamente judiciales o policiales (que, aunque necesarios, son insuficientes).

Por último, en términos de políticas sociales respecto la violencia machista, relativo a lo estatal/la planificación, nos encontramos en un escenario de una complejidad mayúscula. La problemática de la violencia de género no sólo se agrava sino que gana protagonismo a nivel demanda social e institucional (y mediática). En paralelo, el movimiento de mujeres mostró en los últimos años la capacidad de movilizar y motorizar demandas al Estado como el principal garante de nuestra integridad.

Asistimos durante el gobierno de Mauricio Macri a una reforma del aparato estatal y del modelo productivo que implicó poner el eje en la especulación financiera y para ello disminuir el papel del Estado como coordinador de políticas públicas activas que promuevan la redistribución y el ordenamiento de la reproducción social. En ese marco, el Estado desvalorizó toda garantía de derecho (que no fuera esa falsa “libertad” de base económica) y dilapidó todo aquello que supo ser sembrado en años de un modelo redistributivo. Para consolidar este modelo, desplegó fuertemente el aparato represivo, la persecución y desarmó las herramientas de garantía de derechos humanos, sociales y políticos. Sumado a esto, en lo específico del tratamiento de la violencia de género, desplegó programas insuficientes, focalizados y poco profesionalizados, que luego se subejecutaron, sumado a la contratación de profesionales en pésimas condiciones laborales.

El Gobierno de Alberto Fernández inicia en diciembre de 2019 con el desafío de implementar medidas redistributivas que modifiquen el ritmo de la reproducción social, con la enorme dificultad de encontrarse con un país nuevamente endeudado, debiendo renegociar con organizaciones internacionales de crédito, y con el aparato del Estado prácticamente desarmado. En ese marco, vuelve a ponerse en escena la garantía de derechos humanos (a nivel discursivo y simbólico pero también práctico). Respecto al área de género, la conformación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad significó un gran avance en torno a la puesta en agenda de la temática y a la propuesta de organizar y centralizar las políticas públicas destinadas a ello. A los pocos meses, una situación inimaginable de una pandemia sacude las prioridades y los recursos a mano y pone el aparato del Estado al servicio de proteger las vidas del pueblo. En este contexto, y frente a los reclamos y a la visibilización de la agudización de la violencia, se dieron una serie medidas: se exceptuó del aislamiento a mujeres que quisieran realizar una denuncia por violencia de género, se determinó la reapertura de los dispositivos de atención a las violencias de género, se implementó un acuerdo con asociaciones de farmacia para llevar adelante la campaña “barbijo rojo” y se sumaron convenios con asociaciones sindicales para el uso de los hoteles como espacios de hospedaje para mujeres en situación de violencia. Estas medidas, aunque insuficientes, marcan lineamientos y muestran disposición política para intervenir en esta situación entiendiéndola como en emergencia también.

En este contexto nos encontramos: una crisis que pone al Estado, a la sociedad civil, a todas las organizaciones en acción. Reforzamos la idea de la necesidad de políticas integrales y en red, a sabiendas de que la calidad de vida y la integridad de las mujeres y sus procesos de autonomía se construyen también desde las dimensiones económicas, habitacionales, educativas, de salud, etc. y que para esto necesitamos de un Estado que no sólo dimensione esta problemática sino que también disponga de los recursos necesarios para esto, en conjunto con todas las otras que incluyan la asistencia y garantía de derechos de los sectores más vulnerados (sectores populares, mujeres y disidencias).

Ahora bien, ¿qué nos deja la pandemia?

El desafío es nuevamente la posibilidad de repensar mecanismos de intervención y políticas públicas de corte integral, conectarse con otras instituciones, organizaciones y niveles del Estado con los que consensuar y articular políticas, crear mesas de expertxs con parte en las ciencias sociales y espacios de encuentro y disertación. También nos muestra a la posibilidad de desterritorializar redes, encuentros y modalidades interventivas que abren a nuevas formas de conectarnos y articular. Entendemos que estos aprendizajes quedarán para el futuro como una muestra de otras formas de pensar y ejecutar políticas sociales.

En conclusión, si algo nos ha mostrado esta pandemia es que el patriarcado no descansa, pero el Estado tampoco cuando está atento y presente.

Abril de 2020