Publicado en: https://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.16-Covid-19-Com-Genero.pdf
Desde la Comisión Provincial sobre Géneros y Feminismos del Colegio de Trabajadorxs Sociales de la Provincia de Buenos Aires queremos reflexionar sobre algunas cuestiones que, en el marco de la pandemia, nos atraviesan particularmente como colectivo profesional en tanto, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchxs de nosotrxs nos encontramos trabajando desde nuestros domicilios o bien formando parte de los servicios que en este contexto se ha optado por denominar “esenciales” vinculados a los espacios ocupacionales de desarrollo social, salud y también a las áreas que abordan situaciones de violencia contra las mujeres y/o cuestiones relativas al colectivo trans travesti.
Nos centraremos sobre todo en estos últimos puntos.
Entendemos que esta coyuntura de escala mundial no hace sino revelar el entramado de desigualdad en la que vive la mayoría de las personas con quienes trabajamos y la precariedad en la que desarrollamos nuestra práctica laboral en tanto trabajadoras. De modo tal que este escenario presenta una serie de desafíos y condicionamientos para el desarrollo de nuestro quehacer profesional tensionado por diferentes variables.
En este sentido, preocupa sobremanera la realidad de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia (que en la gran mayoría de las veces es por parte de su pareja o ex y, en muchas situaciones, se ve obligada a permanecer encerrada con la misma persona que ejerce esa violencia) ante el actual aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado para hacer frente al Covid-19.
Asimismo, este marco de emergencia socio-sanitaria puso en evidencia la realidad de las personas del colectivo trans travesti.
Es dable destacar que fueron sus organizaciones quienes una vez más dieron cuenta de la necesidad de dar respuesta a las graves situaciones de vulnerabilidad a la que se ven expuestxs, agudizadas aún más por la declaración de la pandemia. Dicha violencia no distingue edades y se agrava de la misma manera ante situaciones de violencia contra niñxs y adolescentes.
El contexto socio-económico de las mujeres aumenta la condición de desigualdad: el alto porcentaje de hogares a cargo de mujeres con trabajos informales, que no perciben ingresos durante este período y que simultáneamente tienen a su cargo las tareas de cuidado de sus familias, reforzando y reproduciendo la división sexual del trabajo, aquellas quienes conviven con varones no logran redistribuir el trabajo doméstico de manera igualitaria y aquellas que se ven obligadas a aislarse junto a sus agresores, se encuentran en un marco que acentúa su desprotección, las expone a mayores agresiones y dificulta las posibilidades reales de acceder a servicios que hoy están restringidos. Las estadísticas al respecto son más que elocuentes en ese sentido.
Para quienes trabajan acompañando procesos de violencia, estas circunstancias no dan cuenta de novedad alguna. En suma, “el hogar”, con Covid-19 o sin él, representa el lugar de mayor inseguridad y violencia para las mujeres y niñxs. La violencia patriarcal y los femicidas no conocen de pandemias.
Remarcamos nuevamente que coyunturas como éstas no hacen sino develar la desigualdad en la que desarrollamos nuestras vidas cotidianas. En relación a este último punto, justamente a la violencia patriarcal y machista debemos sumarle la violencia y exclusión social que vive históricamente el colectivo travesti trans. Sus principales referentxs acuñaron la noción de travesticidio social a efectos de poner de relieve las múltiples violencias sociales que niegan su condición de sujetxs de derechos. Las personas del colectivo trans travesti tienen una expectativa de vida de 35 años aproximadamente.
Mueren víctimas de la exclusión social que niega toda posibilidad de acceder a recursos básicos para sobrevivir o mueren asesinadxs en el más absoluto silencio, como resultado de una sociedad heteronormativa transodiante.
Ahora bien, a partir de lo anterior nos parece imprescindible, por un lado, mencionar las realidades institucionales que venimos observando con gran preocupación, que incluso anteceden al surgimiento del Covid-19: un contexto de precariedad y escasez de políticas públicas integrales, en especial en la Provincia de Buenos Aires, relativas al abordaje de la violencia de género. Si
tenemos que aludir a lo que sí existe, debemos señalar que desde el Estado se ha priorizado centralizar un abordaje que contemple la judicialización como primera medida, siendo este ámbito fuertemente atravesado por una ideología patriarcal.
Sólo para ejemplificar la gravedad de la situación, debe decirse que la gran mayoría de los femicidios ocurridos en el marco de la pandemia acontecieron en algún lugar de la provincia de Buenos Aires; muchos de ellos aun con medidas de protección vigentes. Resoluciones judiciales que se tornan no sólo insostenibles para quienes las solicitan sino que abonan a la idea de la ineficacia de la administración de justicia.
El recrudecimiento de la violencia contra las mujeres e identidades feminizadas compele a asumir compromisos éticos políticos en términos de propiciar un plan de acción de alcance nacional que, asimismo, contemple las particularidades de cada territorio tal como se encuentra establecido en uno de los artículos de la Ley N° 26. 485 -1-.
Aún así, la posibilidad de denuncia de las mujeres se complejiza en el actual contexto, como también las intervenciones profesionales que en muchos casos no se desarrollan de modo presencial sino a través de comunicaciones telefónicas que dificultan una evaluación integral, ni garantizan que las mujeres puedan sostener esos contactos con una mínima privacidad, sobre todo lejos de los agresores. En el mismo sentido, los espacios grupales -importante estrategia para el acompañamiento profesional y entre pares- se vieron suspendidos, quedando transitoriamente sin esa red de contención y apoyo.
No obstante ello, el escenario socio sanitario que transitamos implicó indefectiblemente una revisión y reconfiguración de los encuadres institucionales implementados antes de la declaración de la pandemia, cuyo correlato se advierte en el surgimiento de nuevas demandas institucionales. En algunos casos nos ha tocado hacerlo desde nuestro domicilio, otra gran mayoría lo hace en el
marco de prestar funciones en aquellos servicios denominados “esenciales”.
Pese a las dificultades señaladas, creemos que es momento para pensar posibles respuestas complementarias a la judicialización de la vida cotidiana, desde espacios comunitarios y participativos por ejemplo. Quizás nos encontremos ante un momento histórico de posibilitar la emergencia de nuevos entramados de cuidados que ponga, al menos en tensión, lo ya conocido.
El aislamiento de las mujeres en situación de violencia y la distancia por acción y omisión del Estado respecto de las condiciones materiales de existencia del colectivo trans travesti sumado al “aislamiento institucional”, por caracterizarlo de alguna manera, restringirá las posibilidades de tejer la integralidad que merecen tales problemáticas.
Sin embargo, en este contexto tan extraño que, lejos de modificar toda la realidad, vuelve más profunda la situación de desigualdad por razones de género, es también un momento oportuno para profundizar y afinar una mirada crítica hacia el accionar y responsabilidad estatal, a la altura de la complejidad de la situación actual.
Entendemos que un accionar integral, promotor de la restitución de los derechos vulnerados desde propuestas superadoras de una judicialización de la vida cotidiana, implica pensar en políticas públicas que incluyan la promoción y fortalecimiento de espacios comunitarios y participativos.
Nos preguntamos también si dicha revisión de los esquemas y encuadres institucionales no abre la puerta para recrear aquellas prácticas ancladas en la rutinización y burocratización. Coyunturas como estas imponen el gran desafío de procurar intervenciones claramente distanciadas del voluntarismo y heroísmo que discursivamente se ha instalado. Quizás nos encontremos ante un momento histórico de formar parte de un emerger de nuevos entramados de cuidados que pongan, al menos en tensión, lo ya conocido.
Finalmente, ponemos a disposición de lxs colegas la comunicación permanente con esta Comisión a través del correo electrónico del Colegio Profesional: info@catspba.org.ar, a fin de intercambiar experiencias y acompañar dificultades que podamos estar atravesando en nuestros espacios ocupacionales y en lo referidos a los procesos de intervención.
Comision de Géneros y Feminismos Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires
Notas
-1- Artículo n° 9 a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
Abril de 2020
