En los primeros días del mes de enero del año 2020 inicié mi primera experiencia laboral como Trabajadora Social en el Plan Nacional de Desarrollo Social, en el barrio Tierras Argentinas de la ciudad de Bahía Blanca.
El trabajo consistía en visitar a cada una de las 20 familias que se nos asignaba a cada trabajador/a semanalmente y acompañarlas en cuestiones referidas a la salud, educación, identidad, entre otras.
Las familias nos conocen como Acompañantes Familiares, ya que no todas y todos las/os que desempeñan el trabajo son trabajadores/as sociales.

Desde el momento en que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Presidente de la Nación a causa de la Pandemia, los coordinadores del proyecto nos indicaron continuar el trabajo con las familias en forma telefónica.
En los primeros días, las demandas de las familias estuvieron relacionadas con la información. La mayoría de ellas descreía de la gravedad de la situación, otras desconocían el motivo de la medida o consultaban si las medidas preventivas que les sugerían eran suficientes.

Pero todo comenzó a tornarse caótico con el correr de los días.

La mayoría de las familias del barrio son monomarentales, habitan en viviendas precarias sin acceso a los servicios esenciales y desarrollan actividades laborales de manera informal. Ante la imposibilidad de “salir” de sus viviendas, con los centros sociales de referencia cerrados, las instituciones sin atención, sus condiciones de vida empeoraron.
Es así que comencé a recepcionar todas las demandas de las familias, pero esta vez me tocó resolverlas “sola”. La mayoría estaban -o están- vinculadas a la alimentación, ya que al desempeñar sus trabajos de manera informal, en esta situación se encuentran sin ingresos económicos.

Por otra parte, las instituciones a las cuales uno puede recurrir en condiciones habituales se encontraban cerradas, los teléfonos sonaban pero nadie atendía y aquellos que lo hacían, como el sector de urgencias de la Municipalidad de Bahía Blanca, no podían dar respuesta, me indicaban comunicarme con otras personas y así pasaba el día: intentando encontrar una respuesta que constituyera una solución para las familias.

El Plan Nacional de Desarrollo Social en el cual trabajo es implementado por un Centro Social de orientación religiosa, el cual desarrolla tareas, en su mayoría, de asistencia alimentaria. Es por ello que expresé a los coordinadores del proyecto (uno de ellos participa de manera activa como pastor de la iglesia del centro social) las demandas de las familias, ya que desde mi perspectiva, tratándose de necesidades básicas como la alimentación, no debe ponerse en discusión la urgencia.
La respuesta fue que debíamos tener paciencia, esperar, que algunas de las familias que demandaban alimentos ya los habían recibido y se “aprovechaban” de la situación. “Nunca faltan los vivos”, “nadie se va a morir de hambre”… fueron las respuestas que recibí; respuestas inaceptables, indignantes, angustiantes.
La situación resulta más desesperante si consideramos que cientos de personas mueren de hambre en nuestro país y que el contexto actual puede engrosar estas cifras, a sabiendas de que las familias con las que trabajamos se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Por su parte y con demora, la municipalidad de esta ciudad -a través de la conformación de una “mesa de urgencia” dirigida por el secretario de deportes- dispuso canalizar estas demandas vía mail.
Se difundió a través de distintos medios de comunicación que aquellas personas que solicitaran ayuda lo deberían hacer enviando un mail a la casilla de correo dispuesta para tal fin y que luego los alimentos serían distribuidos a cada domicilio.
Rápidamente confeccioné un listado y lo envié, pero finalmente se decidió que se cambiaría la modalidad: la anterior fue desestimada por su ¿inviabilidad?. Los alimentos serían distribuidos a través de referentes barriales, sin listados, a criterio de cada referente. Mi teléfono continuó sonando con denuncias de las familias por la falta de transparencia en el reparto de los alimentos y pedidos de ayuda desesperados.

Las familias me escribían expresando sus necesidades, “le estamos dando lo que nos queda a los chicos”, “no tenemos nada”, “salimos a cartonear y no encontramos nada para comer”.

Comencé a contactarme con distintos profesionales y colegas. Así conseguí resolver, de modo parcial, algunas de las demandas mas urgentes. También acudí a mi familia y amigos porque, ¿cómo se hace para esperar cuando se trata de algo tan esencial como la alimentación?

El respiro para las familias llegó con la transferencia de dinero que realizó el gobierno a través de los bonos para la AUH, el deposito del dinero de la tarjeta Alimentar y el IFE. Este fue el modo en que las familias lograron organizarse, resolver de manera autónoma sus necesidades, decidir y adquirir aquello que realmente necesitan.

Un proyecto de desarrollo social dirigido por integrantes de un centro social religioso, la asistencia dirigida por el Secretario de Deportes y asignada a referentes barriales que realizan la distribución de alimentos de manera poco transparente y sin ninguna estrategia previa demostrarían que, en lo Social, puede intervenir cualquiera…

Esta experiencia me convoca a continuar repensando.
Por un lado, los lugares que ocupamos o desocupamos los y las trabajadores/as sociales. ¿Por qué se permite que cualquiera intervenga en lo social?, ¿acaso se permitiría, por ejemplo, que cualquier persona realice una cirugía...?
Por otra parte, una vez más reafirmar la importancia de un Estado presente, la importancia de no dejar librado al mercado la resolución de las problemáticas sociales; la asistencia desde una perspectiva de derecho y no concebida desde la caridad o la voluntad de aquellos/as que poseen o administran los recursos, planteada y pensada en validar y reforzar la autodeterminación de los y las ciudadanaos/as.

Abril de 2020