DOMINGO ¤ 4 ¤ MARZO ¤ 2001
¤ Trabajo conjunto con la CNDH; prioridad a detenidos por la masacre de Acteal
Senadores revisarán casos de indígenas presos
¤ "Hemos visto indios que mueren en penales por falta de atención médica": Soberanes
ANDREA BECERRIL
Conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Senado de la República dará seguimiento a la situación que guardan los 7 mil 809 indígenas presos en diversos centros penitenciarios del país, en especial de los detenidos por la matanza de Acteal.
Los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas -que recién recorrieron la región Loxicha y escucharon testimonios de los presos- se mantendrán en contacto con la CNDH, organismo que, según informó su titular, José Luis Soberanes, logró en el último año la liberación de 596 miembros de diversas etnias, a fin de llevar a cabo el trabajo legislativo requerido a favor de los grupos étnicos.
La semana pasada, los integrantes de esa comisión senatorial sostuvieron una reunión de trabajo con Soberanes, en la que el ombudsman comentó que uno de los problemas más dramáticos que ha encontrado es la reclusión de indígenas monolingües, sometidos a juicios sin saber siquiera de qué los están acusando.
Aunque la Constitución ordena que los indígenas cuenten con un traductor cuando enfrentan alguna demanda, no hay quien traduzca y les explique sus derechos. Un ejemplo claro de ello, agregó Soberanes, es el juicio de Acteal, "que es una cochinada, una vergüenza judicial y nadie ha dicho nada".
El titular de la CNDH informó después a los senadores que revisarán cada expediente en el caso de quienes fueron acusados de participar en la matanza de Acteal, en diciembre de 1997, ya que hubo infinidad de irregularidades en el proceso judicial.
Como en el caso de Acteal, agregó, muchos indígenas están presos y purgan condenas de varios años por delitos que no cometieron, pero como ni siquiera hablan español, no pueden defenderse.
Por ello y conjuntamente con los senadores, la CNDH prepara además reformas legislativas que penalicen la discriminación y el racismo de servidores públicos en contra de indígenas, y otras medidas en el ámbito de la impartición de justicia para las minorías étnicas.
Soberanes Fernández detalló asimismo a los legisladores que además de las reformas legales necesarias, se requieren otras medidas para ayudar a los indígenas encarcelados. Una de ellas, expresó el presidente de la CNDH, es la referida a la salud, ya que los indios presos son doblemente vulnerables ante el "desastre" que se vive en los centros penitenciarios.
"Hemos visto casos patéticos de indígenas que mueren en los penales y que pudieron haber sido salvados con un elemental tratamiento a base de antibióticos. Hemos visto, sin embargo, a indígenas muertos en Pochutla, Oaxaca, por falta de atención médica".
Explicó que sus precarias condiciones físicas los hacen víctimas fáciles del contagio de enfermedades en las cárceles, por lo que la CNDH considera que las instancias gubernamentales tienen que intervenir y atender de manera prioritaria la salud de los indígenas internos en centros de reclusión, para evitar más fallecimientos que hubieran podido evitarse.
Por principio, Soberanes propuso a los senadores que analicen la posibilidad de alguna reforma legislativa, a fin de que a través del Instituto de Defensoría Pública se obligue a contar con defensores bilingües, para todas las lenguas indígenas, no sólo en las tres más importantes.
Soberanes precisó que él fue integrante del consejo directivo del Instituto Federal de Defensoría Pública, y nunca vio que se preocuparan por establecer defensores bilingües, pese a que la Constitución lo ordena. Ello no se respeta, dijo, y tampoco hay sanción.
Al respecto, el senador panista Francisco Fraile precisó que entregaron a Soberanes un documento con las conclusiones de la situación que padecen los loxichas presos desde hace cuatro años, por una supuesta participación en el EPR. Insistió a su vez que más de 60 indígenas de esa región oaxaqueña fueron liberados -a través de una ley de amnistía estatal-, pero faltan cerca de 30, que han sido además torturados y vejados.