Participaron más de 300 activistas independientes y miembros de ONGs y asociaciones de inmigrantes y emigrantes retornados.

Durante los debates, señalaron que "debemos tener los mismos derechos y obligaciones que nuestros convecinos", refiriéndose a temas como el trabajo sumergido, la oposición al programa español de retorno voluntario y a la discriminación en el acceso al trabajo, la mejora en las condiciones laborales, la igualdad de acceso a los programas de búsqueda activa de empleo y al mantenimiento y aumento de las políticas sociales. Otro punto de importancia fue el de la necesidad con mayor flexibilidad en los requisitos y gestión para las autorizaciones de trabajo y vivienda.

También fueron planteadas otras reivindicaciones, tales como la necesidad del colectivo i nmigrante de poder acceder a viviendas de alquiler, a la protección pública y el derecho al voto.