Esto provocó la reacción de la cancillería argentina, cuyos funcionarios sostuvieron que el gobierno cumple con los tratados internacionales y por lo tanto pretende desmentir la afirmación del juez mexicano.
Al analizar esto se nos ocurre pensar que al parecer vivimos aquí en "el mundo al revés", o que la justicia va a contrapelo de la realidad. El represor, Jorge Olivera que fuera detenido en Italia, el año pasado, acusado como Cavallo de crímenes de lesa humanidad, fue luego liberado en ese país, con documentación fraudulenta. Regresó a su "lugar seguro", Argentina, el país donde cometió sus crímenes aberrantes y hoy goza de libertad aquí como muchos otros represores responsables de graves violaciones a los derechos humanos, amparados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida(1987).
Curiosamente la seguridad de los represores está en su propio país, protegidos por el sistema y la degradación ha llegado a límites tales, que mediante expisiciones públicas algunos han llegado a ganar elecciones como el ex general Domingo Antonio Bussi, en Tucumán o el ex teneinte coronel Aldo Rico.

A pesar de todo esto la cancillería argentina afirma que cumple con los tratados internacionales. Aunque no se pueden derivar todas las culpas sobre el actual gobierno, éste tiene responsabilidades serias que no cumple. Muchos males fueron heredados de las anteriores administraciones, como son las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, o los indultos de Carlos Menem en los años 90, que dejaron en libertad a los jefes de las juntas militares, responsables del mayor genocidio que se haya producido en el país.

La justicia de alguna manera parece que siempre ha estado a contrapelo con la verdad y el derecho de las personas y los pueblos. Este gobierno tiene la responsabilidad de corregir los males y aplicar la Constitución nacional y las leyes justas vigentes. Pero no parece estar muy dispuesto a ello, como se vio durante la huelga de hambre que llevaron adelante los detenidos de La Tablada(cuartel militar asaltado en 1989) y la no aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, y en cambio aplicar "parches" con una dudosa legalidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) ha recomendado e insistido desde 1997 al gobierno del ex presidente Carlos Menem y al actual que apliquen el Pacto de San José de Costa Rica, sin resultado alguno.
Menem desarrolló una habilidad perniciosa utilizando la promesa de "mañana" y así clausuró el presente, un juego que utilizó con demasiada frecuencia su gobierno y mediante el cual fue dejando para "después" todos los comrpomisos que debía ausmir.

Sería bueno que la cancillería argentina ahora reconozca sus debilidades y actúe con coraje y responsabilidad. Hay muchos "agujeros negros" en la gestión actual y esto deja al gobierno rodeado de dudas y nebulosas.
La justicia mexicana ha dado un paso muy importante al aplicar el derecho internacional y esperemos que el represor Ricardo Miguel Cavallo sea extraditado a España y juzgado como corresponde, ya que en Argentina lamentablemente esto no es posible.