Aunque suene increíble, la maquinaria judicial y penal se puso en marcha, aceitadamente, después de que también arrancara, como una locomotora infalible en su paso, el dispositivo de seguridad del supermercado ubicado en las calles Rivadavia y Ejército Argentino.
Los menores de edad -la información precisa que se trataba de un chico de 17, una chica de 16 y una nena de 3 años- fueron, según reza la noticia y se presume que informaron fuentes policiales, “apresados cuando se encontraban en actitudes sospechosas”. Una vez acorralados dentro del supermercado, les fueron sustraídas unas veinte cajas de calditos, cada una conteniendo una docena de unidades.
Las llevaban escondidas entre sus ropas. Las fuentes no lo declaran y se ignora si los chicos fueron interrogados al respecto, pero todo hace suponer que pretendían hacerse unas cuantas sopas. La ridiculez de la noticia pierde su chispa cuando se advierte que tanto para la maquinaria judicial y penal como para los agentes de seguridad es una “actitud sospechosa” meterse unas cajas de caldo entre las ropas, mientras no es una “actitud escandalosa” el hecho de que alguien tenga que recurrir a semejante despliegue de energía, audacia y riesgo para procurarse un mal plato de comida.

Esta noticia, si trasciende, es porque está asentada en el pilar absurdo de una propiedad privada: los calditos son para el que los paga.
Los estómagos de esos chicos, sin embargo, son de su propiedad más privada.
¿Hay algo más privado que el ruido de un estómago vacío?
¿Hay alguna propiedad más expropiada que una tripa seca o lánguida?

Este tipo de noticias deberían avergonzar a quienes las generan, tanto como a quienes las leen. Medio país es víctima de la actitud sospechosa del hambre.