"Fábrica cerrada, fábrica tomada", es una de las consignas que se ha popularizado en Argentina después de la insurrección del 20 de diciembre. Con cuatro años de recesión a cuestas, niveles de desempleo y subempleo que alcanzan a la mitad de la población activa, son cada vez más los trabajadores que perciben que cuando pierden su puesto de trabajo se caen definitivamente de la economía formal y quedan condenados a vagar en el limbo del trabajo precario y mal pago, las changas o el cuentapropismo.

Por eso aferrarse al trabajo fue el camino que empezaron a recorrer varios miles de trabajadores cuando los patrones decidieron abandonar el barco de la producción apostando a la especulación.
Ya son más de cien las fábrica que en Argentina fueron tomadas por los obreros y puestas a producir, a las que se suman unas 200 en Brasil, conformando un verdadero movimiento que ahora empieza a coordinarse con otros sectores que buscan caminos alternativos. La recuperación de empresas comenzó a comienzos de los 90, cuando la apertura económica dejó en la cuneta a muchas empresas que pasaron de la protección estatal a ser consideradas ineficientes y dejaron de tener un mercado cautivo.

Los primeros tiempos suelen ser los más difíciles. Las poco más de cien obreras de la textil Brukman, una empresa que fabricaba trajes de hombres en el barrio Once de Buenos Aires, quedaron perplejas cuando el patrón desapareció a fines de diciembre, mientras el país ardía. Desde hacía meses les pagaba una mínima parte del sueldo, apenas un dólar diario y luego dos por semana, y la deuda salarial se arrastra desde hace cinco años.
Cuando pasaban los días y no aparecía ningún gerente, unas pocas atinaron a quedarse allí adentro, como Celia, que no tenía la menor experiencia sindical, esperando algún milagro que le permitiera seguir trabajando y cobrando, aunque sea, una mínima parte del jornal. En no pocos casos, el vaciamiento de las empresas fue largamente planificado por los patrones, que adeudan cifras millonarias al Estado y a sus proveedores, y contaron con la colaboración de la mafia sindical agrupada en la oficialista CGT.

Barajar y dar de nuevo
En la inmensa mayoría de los casos, la decisión de ponerse a producir llegó luego de un proceso de maduración del colectivo de trabajadores. Nunca fue una decisión automática, sino atravesada por múltiples dudas, inseguridades y temores. En ocasiones, demoran más de un año en volver a poner la fábrica en marcha; a veces cuentan con insumos que dejó la patronal pero otras deben salir a buscar la materia prima; a veces la consiguen como consecuencia de donaciones o del apoyo popular y casi nunca obtienen préstamos, por lo menos en las primeras etapas.

Pese a algunas cuestiones en común, la pelea ante la justicia es una de ellas, las experiencias son muy variadas. Desde una mina en el Sur, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con más de mil empleados, que fue reestatizada luego de tres años de lucha hasta la pequeña pero moderna imprenta Chilavert, en un barrio de Buenos Aires. Allí los obreros evitaron el vaciado la empresa, la tomaron y comenzaron a trabajar imprimiendo volantes y afiches para organizaciones sociales.

La solidaridad es un elemento clave, sobre todo en la etapa inicial cuando se trata del "aguante", una palabra que sintetiza la voluntad de lucha y resistencia ante el acoso policial y patronal. Un caso sucedido este año en la zona Norte de Buenos Aires es emblemático. La Panificadora Cinco había cerrado despidiendo a 80 trabajadores sin indemnización, en octubre de 2001.
En abril de este año, la asamblea de vecinos del barrio, creada luego de las jornadas de diciembre, estaba buscando formas de conseguir pan más barato y se unió a un grupo de 20 obreros que habían sido despedidos de Panificadora Cinco. Juntos, vecinos y ex obreros, ocuparon la planta. Durante 50 días resistieron los intentos de desalojo.
En ese tiempo la solidaridad del barrio fue impresionante: asambleístas, piqueteros y militantes de izquierda instalaron una carpa en la puerta de la fábrica para asegurar la vigilancia, realizaron tres festivales, una marcha por el barrio y un escrache al empresario, un acto el 1 de mayo, charlas, debates y actividades culturales. Optaron por formar una cooperativa y ahora consiguieron que el parlamento provincial expropiara y "donara" a la cooperativa el local, las máquinas y la marca. Ahora están produciendo y vendiendo pan, a precio más bajo que el del mercado, a hospitales, comedores y populares y vecinos del barrio.

Estado o cooperativas
Un debate profundo atraviesa al movimiento, desde el momento mismo de nacer. ¿Qué estatuto legal darle a las fábricas recuperadas? Surgieron dos propuestas: la propiedad estatal bajo control obrero o la formación de cooperativas autogestionadas.

La primera propuesta viene de la izquierda, básicamente del Partido Obrero (PO y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), pero también la acompañan sectores del Partido Comunista y del socialismo. La idea forma parte del imaginario del movimiento comunista y revolucionario internacional y consiste en la estatización de la empresa que en adelante contará con subvenciones del Estado y sus obreros pasarán a ser funcionarios municipales o estatales que controlan y fiscalizan el desempeño de la dirección.

Por el contrario, la propuesta cooperativa supone no delegar las tareas de dirección en instancias ajenas al colectivo obrero, que pasa a asumir todas y cada una de las responsabilidades y riesgos, incluyendo la comercialización de los productos. Una característica de quienes promueven las cooperativas autogestionadas es que en muchos casos se proponen modificar la clásica organización fordista del trabajo, relevando a los capataces y, a veces, cuestionan la idea misma de capataz.

Hasta ahora la mayoría optó por la formación de cooperativas. En el año 2001 se formó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) en el que confluyen algo más de 60 empresas autogestionadas. Jorge Abellí, quien dirige este sector, sostiene que "no parece lo más oportuno entregarle las empresas que hemos recuperado y puesto en funcionamiento, con mucho esfuerzo, a este Estado mafioso".

Abellí pertenece a una cooperativa avícola de Rosario, que cerró en 1998 dejando a sus cien operarios en la calle y desde 1999 producen para el reducido mercado interno. Las empresas recuperadas pertenecen a todas las ramas de la producción: las más grandes son las metalmecánicas, metalúrgicas y siderúrgicas, hay diarios e imprentas pero la gran mayoría pertenece al sector de la alimentación. En promedio tienen unos 70 trabajadores y se reparten por toda la geografía argentina. "No es lo mismo manejar una pequeña empresa de 15 trabajadores que la empresa líder del país en la fabricación de tractores", comenta Abellí.

Se refiere a una empresa emblemática: Zanello, en Córdoba, una gran fábrica de tractores, con 400 obreros, la única planta argentina que los produce. El fallo judicial le entregó la empresa a los empleados el 28 de diciembre. En febrero sacaron al mercado un nuevo modelo diseñado por los obreros y los técnicos, en base a un ingenioso acuerdo.
Armaron una "alianza estratégica", una sociedad anónima que pertenece en partes iguales a los obreros de la cooperativa, unos 280 en la etapa actual, el personal jerárquico y técnico, que de ese modo puede obtener mayores ingresos que en la cooperativa obrera, y los concesionarios que pusieron el capital para reemprender la producción. En marzo consiguieron armar y vender dos tractores y actualmente, pese a la crisis, producen y venden ya uno por día a un costo 30 por ciento menor que los tractores John Deere.

Es una salida heterodoxa, pero cuando se trata de grandes empresas que se desempeñan en sectores con tecnología avanzada y requieren grandes inversiones en maquinaria, no parecen existir salidas sencillas.

Además de la falta de capital e insumos, otro grave problema que enfrentan es la administración. Cuando cierran las plantas, los administrativos son los primeros que se evaporan. "Nuestra administración es precaria pero transparente y democrática", dice Abellí. Muchas empresas autogestionadas decidieron hacer una liquidación de sueldos todos los viernes y a la vez ponen una cartelera con la relación de gastos e ingresos para que cada socio de la cooperativa esté al tanto de las cuentas. El MNER hizo un acuerdo con la asociación de pequeñas y medianas empresas y con la Universidad tecnológica para recibir apoyo para la formación de personal administrativo y la dirección empresarial.

Economía solidaria
En cuanto a la comercialización, consideran que el principal aliado es el consumidor, por lo que están apelando a las asambleas barriales y a otros sectores del movimiento social que comienzan a trabajar en la dirección de un "consumo consciente". Pero también se apoyan en los municipios y tienden a abastecer a hospitales y escuelas.

Los ejemplos de producción autogestionada traspasan los portones de las fábricas y tienden a generalizarse en todo el movimiento popular. Es el caso de la asamblea de Parque Avellanda, una zona relativamente céntrica de Buenos Aires. A principios de junio los vecinos organizados ocuparon un bar abandonado, el bar Alameda, lo restauraron y con el apoyo de otras asambleas instalaron un merendero y comedor popular, al que ahora asisten más de 120 personas. Ellos mismos amasan el pan y cocinan, y ahora formaron una cooperativa de trabajo que produce y vende pan a comedores populares y vecinos y está empezando a fabricar artículos de limpieza a bajo precio.

En el bar recuperado funcionan unos 20 talleres, desde apoyo escolar para niños hasta huerta orgánica, baile, cerámica, yoga, comunicación alternativa, autoestima y carpintería. Además, los vecinos están organizados en ocho comisiones para atender todas las tareas de lo que ya es un centro cultural y productivo.
Más aún, allí se ha creado el Espacio Asambleario, un lugar en el que confluyen unas 30 asambleas de la capital y la provincia, que tienen inquietudes similares. Las asambleas barriales, que comenzaron haciendo compras comunitarias y experiencias de trueque, van ingresando así en el terreno de la producción de alimentos, mientras otras se animan a ensayar la producción de medicamentos genéricos y otras más ingresan al terreno de la autoconstrucción de viviendas.

Este espacio convocó ya dos encuentros de Economía Solidaria, realizados en julio y agosto en el ex bar Alameda. Los encuentros fueron espacios múltiples, con la presencia de asambleas, piqueteros, fábricas autogestionadas y grupos de estudiantes. Un total de cuarenta delegaciones decidieron crear una red de apoyo a los vecinos amenazados de desalojos.

En las conclusiones, citadas en el periódico Alameda, proponen "defenderse recíprocamente de los ataques de los de arriba, comenzar a abrir caminos de trabajo y dignidad mediante el relevamiento de fábricas desocupadas, tierras transformadas en baldíos y casas abandonadas". Consideran que "el tiempo comienza a soplar a favor de los pequeños" y hacen un llamado: "Articular los esfuerzos para que los poderosos no nos dispersen".

Un dato interesante es el entrelazamiento de iniciativas. Las asambleas producen como lo vienen haciendo los piqueteros de Solano, en Quilmes; unos y otros coordinan con las fábricas autogestionadas con la esperanza de intercambiar productos; unen esfuerzos para aprender de los éxitos y fracasos de cada uno; coinciden en la solidaridad con cerámicas Zanón, en el lejano Sur, que sacó al mercado un modelo de azulejos diseñado por los mapuches, y así sucesivamente. La red se va haciendo día a día más compleja, va y viene, se trenza y anuda, se separa y se vuelve a unir.

Cambiar el mundo
Un caso ejemplar es el de IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argentina), situada en el corazón de Almagro, un barrio popular porteño. Fue creada por empresarios alemanes en 1918 como fundición de cobre. En 1935 fue la primera empresa en fabricar aluminio y al final de la segunda guerra mundial fue nacionalizada por el gobierno de Juan Domingo Perón. En IMPA se fabricaron los únicos aviones a reacción que se hicieron en América Latina y las bicicletas con las que jugaban los niños argentinos. En 1961 el gobierno cerró algunas plantas y decidió que se convirtiera en cooperativa, pero siempre fue manejada como una empresa privada por su directiva.

A mediados de los 90 el monopolio de aluminio Aluar comenzó a competir deslealmente con los productos de IMPA, ya que produce los lingotes necesarios para hacer papel de aluminio, rubro principal de la empresa en los últimos años. A fines de 1997 quedaban un puñado de obreros de los más de 500 que trabajaban en esa planta. Ante el cierre inminente, ya les habían cortado la luz por falta de pago, con ayuda de algunos sindicalistas ocuparon la planta, instalaron una olla popular con apoyo de vecinos y comerciantes del barrio, expulsaron a la vieja gerencia y eligieron un nuevo consejo de administración.

Decidieron volver a producir. Eran apenas 15 obreros (hoy son 136), consiguieron algo de materia prima, la reciclaron y hoy son un punto de referencia de todo el movimiento. Hubo dos decisiones drásticas: comprar chatarra de aluminio para abaratar costos y eludir la competencia de Aluar, ante el escepticismo de todo el personal que consideraba que no estaban capacitados para producir con materia prima reciclada, como les decían los ingenieros. La segunda decisión tuvo que ver con el personal de más edad. "Siempre tuvimos trabajo para 80 o 90 personas, pero le damos trabajo a 136 porque hay muchos viejos que les robaron la jubilación y los tenemos aquí ayudando, barriendo, limpiando, colaborando en lo que pueden.

Fue una decisión de la asamblea que consideró que era más digno que estuvieran en la fábrica, donde llevaban más de 30 o 40 años, que darles un subsidio y se quedaran en sus casas" dice el presidente de la cooperativa, Oracio Campos, un hombre de tez aindiada de unos 65 años. Lo dice así, con una sencillez conmovedora, sin darse cuenta que está poniendo de cabeza toda la teoría económica y hasta la continuidad del proyecto, por un empecinado humanismo al que denominan "solidaridad de clase".

Funcionan con asambleas informativas, sustituyeron a los capataces por coordinadores de áreas o taller que son los encargados de repartir el trabajo, y consiguieron formar algunos equipos para democratizar el trabajo. Pero no son ingenuos: "En algunas secciones funcionamos de forma vertical, porque el mercado te exige tomar decisiones muy rápidas y no hay tiempo para nada", asegura Eduardo Murúa, ex sindicalista de 41 años que se desempeña como gerente. La principal producción de IMPA es ahora vajilla descartable, pomos para dentífricos, envolturas de golosinas y bandejas de catering.

En este aspecto, vinculado a la organización del trabajo, se producen cambios increíbles. Una obrera de Brukman es terminante: "Ahora hay más libertad en el trabajo, tenemos más compañerismo, antes estábamos separados por piso, ahora estamos todos juntos y nos organizamos nosotros mismos". Las obreras decidieron cambiar la distribución de las máquinas y con ello trastocaron el viejo sistema de control. Abellí aporta el imprescindible cable a tierra; aunque coincide en que hay que combatir los "vicios del capitalismo", sostiene que "la producción no puede ser un proceso deliberativo permanente".

Pero la iniciativa más importante de impa, la que los diferencia de todos los demás y sería la envidia del mismísimo Darío Fo, es la creación de La Fábrica Ciudad Cultural. Desde hace casi cuatro años pusieron en marcha un centro cultural autogestionado dirigido por un grupo de 40 jóvenes, en el que funcionan 35 talleres y cursos, donde se realizan fiestas, funciones de cine, de teatro y todo lo que uno pueda imaginar.

En realidad el proyecto empezó buscando la solidaridad vecinal y del movimiento social, ante la deuda que tienen con el Banco Nación, que supera los dos millones de dólares y puede zanjarse con el remate de la planta. "Después fuimos comprendiendo que era una forma de hacerle una devolución a la sociedad por la enorme solidaridad que recibimos", dice Murúa. Campos se ríe y recuerda que cuando empezaron a aparecer punks, "los pelados con aritos", los obreros no querían saber nada. Ahora comen todos juntos en el comedor que bautizaron con el nombre de Azucena Villaflor de Devicenti, por la desaparecida fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que también fue obrera metalúrgica.

Quien visite la fábrica al atardecer, cuando la producción empieza a decaer y llegan los jóvenes, pasará de un taller ruidoso donde obreros engrasados manejan máquinas que escupen tubos de aluminio, a espacios contiguos separados por un pequeño pasillo donde, en el mayor de los silencios, un grupo de estudiantes dibuja un desnudo en torno a una modelo. Publican una revista que se llama IMPActo y lucen varios orgullos.

En 2001 se realizó allí el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires y en 1998 recibieron la visita de Orlando Borrego, compañero del Che en Sierra Maestra, que inauguró el primer ciclo de conferencias. Mientras la fábrica sigue funcionando ellos se jactan de que nunca hubo un incidente entre universitarios, anarcopunks, jóvenes que posan desnudas, homosexuales y viejos obreros y obreras que apenas cursaron dos o tres años de escuela.

Que se vayan todos
La Clínica Portuguesa cerró por quiebra hace seis años. Hace dos semanas la ocuparon dos asambleas barriales de Flores, Buenos Aires. La sorpresa fue mayúscula: en los cuatro pisos, que albergan laboratorios, consultorios y 20 salas de internación, estaban aún intactos casi todos los aparatos de la clínica, incluyendo los de la sala de terapia intensiva.

En pocos días confluyeron en la ex clínica decenas de asambleas y varias fábricas recuperadas. Surgió la idea de hacer un centro de salud que atienda a los 8.000 trabajadores de 60 fábricas autogestionadas, además de un centro de salud preventiva para el barrio. Con el excedente de las fábricas se creará un fondo para constituir el capital inicial; varios ex empleados de la clínica ya mostraron su apoyo al proyecto, las obreras de Brukman se comprometieron a fabricar ropa de cama y obreros de IMPA, Chilavert y media docena de fábricas recuperadas se aprestan a colaborar con las tareas de limpieza junto a vecinos del barrio. Según la crónica del diario Página 12, uno de los nombres que los vecinos barajan para el nuevo centro es el emblemático "Que se vayan todos".

Autogestión Un proyecto de vida
En Brasil la primera experiencia de recuperación de empresas en quiebra se gestó en 1991. La fábrica Calzados Makerli había cerrado su planta dejando en la calle a 482 trabajadores. En 1994 se creó la ANTEAG (Asociación Nacional de Trabajadores en Empresas Autogestionadas) con el objetivo de coordinar los diversos emprendimientos que iban surgiendo al calor de la crisis industrial. Cuenta con oficinas en seis estados, que se encargan de acompañar los proyectos de autogestión buscando la integración de esos proyectos con iniciativas de las Ongs, los gobiernos estatales y municipales, trabaja con 160 proyectos de autogestión que cuentan con 30 mil trabajadores. Existen empresas autogestionadas en todas las ramas de la industria, desde la extracción de minerales y el sector textil hasta los servicios turísticos y de hotelería.

Para la ANTEAG la autogestión es un modelo de organización que combina la propiedad colectiva de los medios de producción con la participación democrática en la gestión. Pero implica además autonomía, de modo que las decisiones y el control de las empresas, así como de los técnicos que puedan contratar, pertenecen a sus miembros.

Para los trabajadores de empresas autogestionadas, una de las principales dificultades es "volver a pensar". La ANTEAG considera que "la cultura paternalista ha hecho que los trabajadores esperen que otros hagan todo por ellos". Algunos los esperan todo del patrón, otros del sindicato o del gobierno. Pero existen también temores a asumir responsabilidades y riesgos, así como problemas a la hora de gerenciar de forma democrática y transparente y, sobre todo, dificultades para comprender que la consolidación del colectivo humano es el objetivo fundamental, del que depende la continuidad de la empresa.